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29 de abril de 2018

  • 29.4.18
ETA, la banda terrorista nacionalista vasca, ha anunciado su pretensión, a comienzos de este próximo mes de mayo, de disolverse como organización criminal tras dejar pasar siete años desde su declaración del cese de la “lucha armada”, es decir (dejándonos de eufemismos), de dejar de asesinar a personas inocentes como método para conseguir objetivos políticos, aterrorizando a la población vasca, en particular, y española, en general, durante las más de cinco décadas de su mortífera existencia.



Salvo el reguero de sangre de las 853 personas muertas que deja como balance de su macabra actividad, la organización terrorista no ha logrado coronar ninguna de las metas que decía perseguir en su locura criminal. Su legado son recuerdos horripilantes de coches bomba, tiros en la nuca, ejecuciones, secuestros, sabotajes, extorsiones, violencia callejera, miedo y odio. ¡Como para no arrepentirse y pedir perdón!

Vencida en todos los frentes en que se la combatió, desde el policial (captura de comandos y cúpulas dirigentes) hasta el social (cada vez menor apoyo popular) y político (rechazo unánime de los partidos y frente antiterrorista), pasando por el de la financiación (obstáculos a las extorsiones y control de las herriko-tabernas) y el judicial (colaboración con Francia y extradiciones), ETA, a la que se le había ofrecido en diversas ocasiones y por distintos gobiernos (Felipe González, Aznar y Zapatero) un diálogo para que dejara de matar pero que siempre ha despreciado y roto en el último momento –optando por volver a lo único que sabía hacer: seguir matando–, no ha tenido más remedio que cesar su actividad armada, silenciar las armas para finalmente disolverse y entonar un perdón tan forzado y justificativo que a nadie ha gustado y, menos aún, convencido.

Es lo que se desprende del comunicado que el viernes pasado difundió en los diarios vascos Gara y Berria, en el que reconoce haber “provocado mucho dolor” y querer “mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas” de sus acciones, aunque limita ese perdón a los “ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna” que han sido perjudicados por causa de las “necesidades de todo tipo de la lucha armada”.

Al parecer, ETA considera que existían víctimas que sí eran responsables y, lo que es lo mismo, culpables de su propia muerte. Vamos, que se la merecían. Tal vez se refiera a los miembros de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército y otros funcionarios del Estado que fueron asesinados al ser considerados “objetivos” de los pistoleros de ETA y “dianas” de sus bombas.

O, quizás, también aluda a los magistrados y jueces, catedráticos, políticos electos, empresarios y “ciudadanos y ciudadanas” vascos contrarios a la violencia como responsables y merecedores de las consecuencias a las que la banda los sentenció con un tiro en la nuca, una bomba lapa o cualquier otra forma de asesinar. ¿Es eso pedir perdón, haciendo distinción entre las víctimas?

ETA ha sido despiadada y cruel en el medio siglo en que se dedicó a usar la violencia sanguinaria como vía para imponer sus ensoñaciones independentistas y crear una imaginaria nación vasca que incluiría a Euskadi, parte de Navarra y algunos territorios franceses del otro lado de los Pirineos.

A tal fin se autoproclamó organización de “liberación nacional” y pretendió justificar sus acciones reescribiendo la historia e inventándose una supuesta invasión española de Vascongadas, cuyo pueblo habría soportado, así, una opresión y un sufrimiento sin límites, males contra los que ETA estaba dispuesta a defenderlo y liberarlo mediante el asesinato y las bombas a mansalva e indiscriminadamente.

Desde su fundación en 1958, allá por el tardofranquismo, y la realización de su primer atentado en 1961, hasta el cese definitivo de su actividad armada en 2011, ETA ha sembrado de muerte, odio, enfrentamientos y división, no sólo al pueblo vasco, sino al conjunto de la sociedad española, con un saldo de cerca de mil personas asesinadas, muchas más “exiliadas” de su propia tierra, por haber sido objeto de acusaciones y amenazas, y un número incalculable de familias condenadas a reprimir sus opiniones, guardar un prudente silencio en lugares públicos, evitar relaciones y amistades con el “enemigo” vecinal, hacer alarde de equidistancia e incluso convivir diariamente con sus verdugos para poder vivir “en paz” donde nacieron o trabajaban.

Esa es la atmósfera que refleja con escalofriante fidelidad la novela Patria de Fernando Aramburu, de lectura obligada para quienes no vivieron, no conocieron o quisieron ignorar los años terribles del infierno de ETA, una página negra de nuestra historia.

Claro que esos chicos disfrazados de “gudaris” también tenían cómplices que “comprendían” su lucha y se beneficiaban, directa o indirectamente, del “conflicto” que sólo ellos provocaban, como esa parte envilecida aunque minoritaria de la población que los aclamaba y apoyaba en manifestaciones y algaradas; esos partidos nacionalistas o de izquierda radical que mostraban connivencia con los fines de la banda, obteniendo réditos electorales o políticos; esa gente que homenajeaba a los asesinos cuando retornaban o eran enterrados como héroes; esas personas a las que les parecía mucho más insoportable la política de dispersión penitenciaria de los condenados que los crímenes que habían cometido; y hasta algunos de esos jerarcas de la Iglesia católica que mostraban una especial sensibilidad ante el fenómeno etarra en forma de ambigüedad, omisiones e incluso complicidad manifiesta.

No es de extrañar, por tanto, que, ante el anuncio de la próxima disolución de la banda, los obispos del País Vasco, el arzobispo de Navarra y el prelado de Bayona (Francia) emitieran un comunicado pidiendo disculpas por el silencio y las “complicidades” eclesiásticas con ETA, pero exhortando “atender las peticiones de los familiares de los presos inmersos en diversas necesidades humanitarias”.

Otro perdón que llega tarde y que tampoco parece totalmente sincero en esa equidistancia exquisita de padecimientos humanitarios entre víctimas y verdugos, además de demostrar divergencia con la posición oficial de la Conferencia Episcopal, que dos horas antes había expresado, a través de su portavoz, su satisfacción por la disolución de ETA, indicando que “la gran tarea que queda es la reconciliación” a la que “la Iglesia ha ayudado y seguirá ayudando para que sea posible un clima de entendimiento y convivencia del pueblo vasco y la sociedad española”. Una de cal y otra de arena o, como ellos dirían, una vela a Dios y otra al diablo.

ETA, a la que ni la democracia consiguió aplacar pero sí doblegar (el 90% de sus asesinatos los cometió durante la Transición y en plena democracia), y que va a acabar sus días con el triste “mérito” de ser la última banda terrorista de Europa, pretende ahora, camuflándola en la retórica de un simulacro de disculpa, reivindicar la legitimidad de su “trayectoria armada” debido a la existencia de un “conflicto político e histórico” con el Estado, que “no debió prolongarse tanto en el tiempo”, y a causa del cual “en estas décadas se ha padecido mucho en nuestro pueblo”.

Llegado el momento de su disolución, expresa en el comunicado su “compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición”, por lo que espera que “todos deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los demás”.

Es decir, ETA no admite haber provocado ni infringido el padecimiento “en nuestro pueblo”, como tampoco reconoce como víctimas a todas las personas por ella asesinadas inocente e inútilmente. Exonera y contextualiza la violencia sanguinaria que ejerció, donde la vida humana valía menos que su ideal político nacionalista, en la supuesta existencia de un “conflicto histórico y político” que ella no reconoce haber provocado con el Estado español. Todo es ajeno a su voluntad, por lo que su arrepentimiento es siempre y únicamente parcial.

No cabía esperar otra cosa cuando no se renuncia a proyectos utópicos, que no tienen amparo ni en la Historia ni en las leyes, y no se reconocen los errores cometidos, como matar indiscriminadamente y pretender justificarlo, simplemente, por hacer valer una idea.

No se asume la equivocación ni se predica el perdón cuando se cree estar en posesión de la verdad. Los errados son, entonces, los demás, los otros. Es a lo que inducen las creencias, sean religiosas o independentistas: a caer en el sectarismo y ser excluyentes, porque precisan siempre de un “enemigo” contra el que luchar y justificar sus acciones, especialmente si son execrables e irracionales.

Y cuando se ha asesinado a más de 800 personas inocentes, con la excusa de las “necesidades de todo tipo de la lucha armada”, no se puede reconocer el gravísimo error cometido ni todo el daño irreparable y el sufrimiento infligido, sobre todo, a las víctimas, pero también a toda la población atemorizada durante décadas por una banda de desquiciados asesinos. De ahí ese “perdón” tardío, insuficiente e hipócrita que entona ETA antes de desaparecer definitivamente del mapa. Son cobardes hasta para reconocer la inutilidad de su locura criminal.

DANIEL GUERRERO

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