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3 de febrero de 2019

  • 3.2.19
Echa a andar el nuevo Gobierno de Andalucía que inaugura la alternancia en una comunidad que ha estado 36 años bajo ejecutivos socialistas de manera ininterrumpida. El flamante Gobierno, formado por una coalición conservadora entre el Partido Popular y Ciudadanos, ha sido posible gracias al apoyo parlamentario de Vox, la formación de extrema derecha que por vez primera accede a las instituciones que representan la soberanía popular.



Solo la suma de estos tres partidos de la derecha pudo desalojar al PSOE del poder, por ser minoritarias las izquierdas en el Parlamento, aun siendo el socialista el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas. Se estrena, por tanto, la alternancia en Andalucía como un bien en sí mismo y un gran triunfo de la democracia, según valoran los partidos agraciados con esa coalición.

Pero se estrena con mensajes gubernamentales de confrontación, a pesar de los discursos bienintencionados y tranquilizadores del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), que persiguen no la derrota, que ya la han conseguido, sino el cuestionamiento y la sospecha, hasta de manera simbólica, de la anterior etapa socialista.

Sólo así se entiende que el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo conservador se haya celebrado en Antequera, la ciudad malagueña en la que se firmó el histórico pacto entre todos los partidos con representación en Andalucía que posibilitó una autonomía con el mismo nivel de competencias que las consideradas históricas, como si la alternancia conservadora fuese una conquista de la democracia en esta región.

La realidad es que el cambio de gobierno en Andalucía no supone ningún salto cualitativo de nuestra democracia como sí lo fue arrancar el reconocimiento político hacia una autonomía plena en una región históricamente subordinada a las directrices del poder centralista, tanto bajo la dictadura como en la recién restaurada democracia. Por eso, por mucho que se arrogue el nuevo Gobierno conservador un “plus” de calidad democrática, no alcanzará nunca la distinción histórica de aquel Pacto de Antequera que determinó el futuro de Andalucía.

De igual modo, no solo es desconfiar sino mostrar animadversión, adoptar como primera medida del Gobierno gemelar de las derechas la realización de una auditoría de las consejerías y agencias públicas de la Junta de Andalucía, incluido el Servicio Andaluz de Salud, con la excusa de eliminar órganos y entes innecesarios, pero con el claro propósito de culpabilizar a los anteriores responsables de la Administración autonómica de irregularidades o presuntos delitos, por acción u omisión, en la ejecución de sus cometidos, como si la propia Junta, en su conjunto, fuera un entramado delictivo con fines espurios, como suponía la jueza Alaya en la instrucción del caso de los ERE.

Resulta sorprendente que tal ánimo de “limpieza” provenga de un presidente perteneciente a un partido que ha sido el único condenado en España por corrupción y financiación ilegal, al participar a título lucrativo en la mayor trama de corrupción institucional y partidaria conocida hasta la fecha, la trama Gürtel.

Es evidente, pues, que se persigue la confrontación en la búsqueda de ese “y tú más” con el que tapar las propias faltas e, incluso, las probables insuficiencias e incumplimientos de una gestión que siempre podrá argüir, de este modo, la socorrida “herencia” recibida. Esto no es, a pesar de los mensajes de no mirar al pasado, empezar bienintencionadamente y con tranquilidad, sino hacerlo de manera ofensiva y afán denigrante.

Como también es confrontación eliminar, bonificándolo al 99 por ciento, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que ya estaba exento hasta el millón de euros. Se trata de confrontación ideológica porque bajar impuestos, y más en uno que beneficia mayoritariamente a los pudientes y afortunados que pueden heredar patrimonios superiores al millón de euros, es una medida ideológica de una derecha que siempre ha estado en contra de la fiscalidad progresiva (paga más quien más gana) y de todo gasto del Estado en servicios públicos.

Y, aunque aparentemente parezca que favorece a todos los contribuyentes, más adelante obligará a “cuadrar” unas cuentas mermadas de tales ingresos, rebajando prestaciones, recortando servicios públicos o elevando impuestos indirectos que afectan al conjunto de los consumidores, independientemente de lo que ganen. Y todo para que los ricos paguen menos por patrimonios millonarios que heredan, de padres a hijos, sin límite económico.

El nuevo gobierno gemelo de la derecha ha querido, de esta forma, demostrar su verdadera intención “regeneracionista” en la Junta de Andalucía, señalando con hechos, no con lo que dice, su ideario y rumbo. Y lo ha hecho nada más comenzar su andadura, adoptando, en la primera y simbólica reunión del Consejo de Gobierno, sus dos primeras medidas de abierta confrontación política, partidaria e ideológica.

Falta que emprenda, también, la institucional contra el Gobierno central, en manos socialistas. Todo se andará. Y eso que venían con buenas intenciones y de manera sosegada, tranquila, a levantar el nuevo porvenir de Andalucía y administrar sin sectarismo el gobierno de la mayor comunidad autónoma de España. Con su primera reunión, quedamos advertidos.

Que los trabajadores y los desfavorecidos se vayan preparando ante futuras iniciativas que, con pretexto de “aligerar” la Administración autonómica (sometida ya a auditoría), supongan reducción de servicios y limitación de prestaciones, todo ello público, naturalmente, por aquello de la “sostenibilidad” y evitar el “despilfarro”. Ya sabemos lo que, para la derecha, es despilfarro: el gasto público. Así que, nada más empezar, el nuevo gobierno ya ha asomado la patita… Diestra, por supuesto.

DANIEL GUERRERO

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