Años y décadas intentando construir un mundo en el que las relaciones entre los países estuvieran reguladas por convenciones, tratados, normas y leyes asumidas por todos, a partir del respeto a la soberanía de los Estados en condiciones de igualdad –lo que conocemos por legalidad o Derecho Internacional–, parece no servir de mucho en la actualidad.
Antes al contrario, son continuas las violaciones que se comenten hoy en día contra el Derecho Internacional que afectan a la seguridad, independencia y soberanía de algunos países, ante la indiferencia o escasa reacción del resto de naciones y la incapacidad de los organismos que debían garantizar y defender el cumplimiento de esa legalidad internacional, como son la ONU, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, sin que nadie se alarme por ello.
Intereses políticos o ambiciones territoriales, económicas o comerciales de Estados muy poderosos son, por lo común, los motivos por los que aquel orden internacional laboriosamente trabajado está siendo sustituido por la ley del más fuerte, tanto a nivel nacional como en el plano internacional.
El matonismo más descarado y las actuaciones decididamente ilegales o arbitrarias definen los actuales como tiempos criminales, en los que ni las Constituciones ni los Derechos Humanos son capaces de frenar los ánimos violentos de los agresores.
Es lo que explica, por ejemplo, que Israel entienda como “derecho de defensa” el genocidio que está practicando en la Franja de Gaza, bombardeando inmisericordemente a una población acorralada entre edificios en ruinas y sin posibilidad de escapar a ningún lugar seguro.
De hecho bombardea hospitales, escuelas y campos de refugiados con el pretexto de que entre los civiles podía esconderse algún elemento considerado terrorista por el agresor. Tras arrasar completamente el enclave, la acción en “defensa propia” de Israel, que aun continúa, ha causado cerca de 60.000 ciudadanos gazatíes muertos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, una cifra –superior a los 8.000 bosnios asesinados por las milicias serbias en Srebrenica– que delata la crueldad de lo que no es más que una venganza criminal por los 1.200 israelíes asesinados en el atentado perpetrado por la organización terrorista de Hamás de hace dos años.
El ánimo que impulsa semejante masacre no es defensivo sino genocida, de aniquilar completamente a la población palestina de un territorio que ya reconoce abiertamente querer anexionar a un Israel habitado exclusivamente por judíos, contraviniendo la resolución de la ONU que propugna la solución de los dos Estados; es decir, un Estado palestino separado del Estado de Israel.
Y es ese mismo ánimo el que mueve al Ejército hebreo a disparar, incluso, contra la multitud que se agolpa ante los puntos de ayuda humanitaria en busca de comida. Según la Fundación Humanitaria para Gaza, han muerto ya cerca de 400 personas por disparos del Ejército israelí y más de 3.000 los heridos entre civiles hambrientos, desesperados y, sobre todo, inocentes. Y se hace con total impunidad ante los ojos del mundo entero y violando cuantas leyes y convenciones lo impiden y debieran sancionarlo.
Se trata de la idéntica actitud de menosprecio al orden internacional que exhibe el mandatario del Kremlin, Vladimir Putin, cuando decide invadir militarmente un país soberano y vecino, como es Ucrania, para resolver manu militari las diferencias y desacuerdos que les enfrentan, en vez de hacer uso de las vías pacíficas y diplomáticas convenientes para ello.
Prefiere desatar, mejor, una guerra sin sentido por el mero hecho de creer poder hacer lo que la fuerza le permite y que nadie es capaz de impedir, sin importarle tratados, acuerdos, normas y leyes que amparan la independencia y soberanía de los Estados.
Se anexiona, así, por la fuerza territorios (la península de Crimea y las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) y bombardea ciudades e instalaciones civiles que no constituyen objetivo militar alguno, cometiendo multitud de crímenes de guerra en los territorios ucranianos ocupados.
Ni el Derecho Internacional Humanitario, ni la Carta de Naciones Unidas, ni el Estatuto de Roma ni la Convención de Ginebra permiten el ataque o invasión de un Estado por parte de las fuerzas armadas de otro Estado, ni que se produzcan ataques deliberados contra objetivos civiles, como hospitales y comercios, o contra infraestructuras energéticas y zonas ampliamente pobladas.
Las leyes también prohíben el secuestro, la tortura y el asesinato de civiles, las deportaciones forzadas, incluidas las de niños, y el asesinato y tortura de prisioneros de guerra. Sin embargo, se hace tabla rasa de esa legalidad en la ilegal invasión rusa de Ucrania sin que la presión internacional, las insuficientes ayudas al atacado o las sanciones económicas hayan servido para que Rusia acate la legalidad y se atenga al Derecho Internacional en la resolución de sus discrepancias con su vecina Ucrania, antigua república soviética de la URSS.
Aquel orden racional que preservaba las relaciones pacíficas y el diálogo entre las naciones está siendo dinamitado por los que prefieren aplicar la ley del más fuerte, tal como evidencia Rusia en Ucrania. Y no se trata de una excepción, sino que es la norma de los tiempos que nos han tocado vivir.
No es de extrañar, por tanto, que se quiera obligar a cualquier país a amoldarse a las exigencias e intereses de los Estados poderosos, aquellos que deciden unilateralmente los límites del desarrollo económico y defensivo de los que consideran peligrosos, ya sea económica o estratégicamente.
Es lo que persigue Israel, otra vez, cuando lanza un ataque aéreo contra Irán con el objetivo, asegura, de destruir enclaves nucleares de la República Islámica. El Gobierno israelí afirma haber eliminado a “nueve científicos y expertos de alto nivel” en lo que califica, en vez de asesinato, como “un duro golpe a la capacidad del régimen iraní para adquirir armas de destrucción masiva”. ¿Y quién es Israel para condenar a muerte a civiles extranjeros y obstaculizar el desarrollo nuclear de otro país?
No quiere que nadie sea tan fuerte como él en la región. Israel posee la bomba atómica desde finales de la década de 1970, aunque mantiene una política de ambigüedad –ni confirma ni desmiente– sobre su existencia. Pero no han atacado solo a la capacidad iraní para desarrollar su programa nuclear, sino también a la sede de la Policía, la dirección de espionaje de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria y la cadena estatal de televisión.
Es decir, no ha sido un mero ataque preventivo, como ya hiciera hace años contra una central nuclear de Irak, sino una agresión directa que vulnera el consenso internacional y el derecho que rige las relaciones entre países. Y sin que Irán hubiera emprendido ninguna acción militar previa contra Israel y se hallaba en plenas negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear.
Son tiempos canallas en que los matones se ayudan entre sí. Donald Trump, el impresentable presidente del país que suministra el armamento que utiliza Israel, ha amenazado con matar a Alí Jamenei, líder supremo de la teocracia iraní, con estas palabras:
“Sabemos dónde se esconde y se nos agota la paciencia”. Y subrayó la amenaza aclarando que lo busca es la “rendición total” por parte de Irán. Es decir, obligar a un país a claudicar de su autonomía soberana a diseñar su propio futuro, algo que es percibido como una amenaza por parte de otros Estados sumamente poderosos.
Por eso se hacen guerras sin declarar, se derriban regímenes de manera violenta y se violan leyes y cuantas normas sean necesarias por turbios intereses de quienes se creen capacitados para imponer su voluntad por la fuerza y no gracias a la fuerza de la razón y la legalidad.
Comportamientos de países que vienen precedidos por las actitudes de sus gobernantes. De ahí que el autoritarismo, primer síntoma de un fascismo latente, sea una característica de esos comportamientos imperialistas y del autoritarismo que engalana a algunos personajes que se creen por encima de leyes y usos convenidos, como Netanyahu en Israel, Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos y otros de su calaña.
Algo grave está sucediendo con la destrucción del antiguo Orden Internacional cuando lo que emerge son líderes autoritarios y cínicos que no dudan en reprimir cualquier discrepancia y en normalizar la violencia. Y más grave aun cuando eso sucede en Estados Unidos, una democracia forjada con la intención de impedir el poder absoluto de los reyes, que está siendo corroída por mandatarios como Donald Trump, quien amenaza a todo el que ose contradecirle.
Ya no solo persigue a migrantes para expulsarlos del país sin que ningún juez medie en el proceso, sino también a periodistas, estudiantes, universidades, manifestantes y todos aquellos que no secunden y aplaudan sus decisiones; es decir, a los que no piensan como los MAGA, su doctrina.
Y como jefe de la violencia ejercida desde el poder, ordena a agentes federales a detener a un representante público en un edificio oficial por pedir la orden de arresto y cuestionar sus políticas. Es lo que hizo anteriormente con un senador por california que también había sido apresado y tratado brutalmente por querer intervenir en una rueda de prensa para denunciar la militarización de Los Ángeles a causa de las redadas masivas contra inmigrantes.
Tal ambiente de autoritarismo y de violencia verbal y policial desencadena actitudes letales entre fanáticos que creen que todo está permitido. No es de extrañar, pues, que hayan sido asesinados en Minnesota una congresista demócrata y su marido, al tiempo que han resultado heridos un senador local y su esposa.
Es indudable que tales actos los cometen desequilibrados que piensan que están luchando en favor de quien tolera una violencia justificada, como la que ejercieron los que asaltaron el Capitolio y fueron finalmente indultados por Trump nada más llegar a la Casa Blanca. Estas actitudes de matonismo y de patente desprecio de la legalidad es lo que convierte estos tiempos actuales en criminales. Y algo habrá que hacer por corregirlo.
Antes al contrario, son continuas las violaciones que se comenten hoy en día contra el Derecho Internacional que afectan a la seguridad, independencia y soberanía de algunos países, ante la indiferencia o escasa reacción del resto de naciones y la incapacidad de los organismos que debían garantizar y defender el cumplimiento de esa legalidad internacional, como son la ONU, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros, sin que nadie se alarme por ello.
Intereses políticos o ambiciones territoriales, económicas o comerciales de Estados muy poderosos son, por lo común, los motivos por los que aquel orden internacional laboriosamente trabajado está siendo sustituido por la ley del más fuerte, tanto a nivel nacional como en el plano internacional.
El matonismo más descarado y las actuaciones decididamente ilegales o arbitrarias definen los actuales como tiempos criminales, en los que ni las Constituciones ni los Derechos Humanos son capaces de frenar los ánimos violentos de los agresores.
Es lo que explica, por ejemplo, que Israel entienda como “derecho de defensa” el genocidio que está practicando en la Franja de Gaza, bombardeando inmisericordemente a una población acorralada entre edificios en ruinas y sin posibilidad de escapar a ningún lugar seguro.
De hecho bombardea hospitales, escuelas y campos de refugiados con el pretexto de que entre los civiles podía esconderse algún elemento considerado terrorista por el agresor. Tras arrasar completamente el enclave, la acción en “defensa propia” de Israel, que aun continúa, ha causado cerca de 60.000 ciudadanos gazatíes muertos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, una cifra –superior a los 8.000 bosnios asesinados por las milicias serbias en Srebrenica– que delata la crueldad de lo que no es más que una venganza criminal por los 1.200 israelíes asesinados en el atentado perpetrado por la organización terrorista de Hamás de hace dos años.
El ánimo que impulsa semejante masacre no es defensivo sino genocida, de aniquilar completamente a la población palestina de un territorio que ya reconoce abiertamente querer anexionar a un Israel habitado exclusivamente por judíos, contraviniendo la resolución de la ONU que propugna la solución de los dos Estados; es decir, un Estado palestino separado del Estado de Israel.
Y es ese mismo ánimo el que mueve al Ejército hebreo a disparar, incluso, contra la multitud que se agolpa ante los puntos de ayuda humanitaria en busca de comida. Según la Fundación Humanitaria para Gaza, han muerto ya cerca de 400 personas por disparos del Ejército israelí y más de 3.000 los heridos entre civiles hambrientos, desesperados y, sobre todo, inocentes. Y se hace con total impunidad ante los ojos del mundo entero y violando cuantas leyes y convenciones lo impiden y debieran sancionarlo.
Se trata de la idéntica actitud de menosprecio al orden internacional que exhibe el mandatario del Kremlin, Vladimir Putin, cuando decide invadir militarmente un país soberano y vecino, como es Ucrania, para resolver manu militari las diferencias y desacuerdos que les enfrentan, en vez de hacer uso de las vías pacíficas y diplomáticas convenientes para ello.
Prefiere desatar, mejor, una guerra sin sentido por el mero hecho de creer poder hacer lo que la fuerza le permite y que nadie es capaz de impedir, sin importarle tratados, acuerdos, normas y leyes que amparan la independencia y soberanía de los Estados.
Se anexiona, así, por la fuerza territorios (la península de Crimea y las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) y bombardea ciudades e instalaciones civiles que no constituyen objetivo militar alguno, cometiendo multitud de crímenes de guerra en los territorios ucranianos ocupados.
Ni el Derecho Internacional Humanitario, ni la Carta de Naciones Unidas, ni el Estatuto de Roma ni la Convención de Ginebra permiten el ataque o invasión de un Estado por parte de las fuerzas armadas de otro Estado, ni que se produzcan ataques deliberados contra objetivos civiles, como hospitales y comercios, o contra infraestructuras energéticas y zonas ampliamente pobladas.
Las leyes también prohíben el secuestro, la tortura y el asesinato de civiles, las deportaciones forzadas, incluidas las de niños, y el asesinato y tortura de prisioneros de guerra. Sin embargo, se hace tabla rasa de esa legalidad en la ilegal invasión rusa de Ucrania sin que la presión internacional, las insuficientes ayudas al atacado o las sanciones económicas hayan servido para que Rusia acate la legalidad y se atenga al Derecho Internacional en la resolución de sus discrepancias con su vecina Ucrania, antigua república soviética de la URSS.
Aquel orden racional que preservaba las relaciones pacíficas y el diálogo entre las naciones está siendo dinamitado por los que prefieren aplicar la ley del más fuerte, tal como evidencia Rusia en Ucrania. Y no se trata de una excepción, sino que es la norma de los tiempos que nos han tocado vivir.
No es de extrañar, por tanto, que se quiera obligar a cualquier país a amoldarse a las exigencias e intereses de los Estados poderosos, aquellos que deciden unilateralmente los límites del desarrollo económico y defensivo de los que consideran peligrosos, ya sea económica o estratégicamente.
Es lo que persigue Israel, otra vez, cuando lanza un ataque aéreo contra Irán con el objetivo, asegura, de destruir enclaves nucleares de la República Islámica. El Gobierno israelí afirma haber eliminado a “nueve científicos y expertos de alto nivel” en lo que califica, en vez de asesinato, como “un duro golpe a la capacidad del régimen iraní para adquirir armas de destrucción masiva”. ¿Y quién es Israel para condenar a muerte a civiles extranjeros y obstaculizar el desarrollo nuclear de otro país?
No quiere que nadie sea tan fuerte como él en la región. Israel posee la bomba atómica desde finales de la década de 1970, aunque mantiene una política de ambigüedad –ni confirma ni desmiente– sobre su existencia. Pero no han atacado solo a la capacidad iraní para desarrollar su programa nuclear, sino también a la sede de la Policía, la dirección de espionaje de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria y la cadena estatal de televisión.
Es decir, no ha sido un mero ataque preventivo, como ya hiciera hace años contra una central nuclear de Irak, sino una agresión directa que vulnera el consenso internacional y el derecho que rige las relaciones entre países. Y sin que Irán hubiera emprendido ninguna acción militar previa contra Israel y se hallaba en plenas negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear.
Son tiempos canallas en que los matones se ayudan entre sí. Donald Trump, el impresentable presidente del país que suministra el armamento que utiliza Israel, ha amenazado con matar a Alí Jamenei, líder supremo de la teocracia iraní, con estas palabras:
“Sabemos dónde se esconde y se nos agota la paciencia”. Y subrayó la amenaza aclarando que lo busca es la “rendición total” por parte de Irán. Es decir, obligar a un país a claudicar de su autonomía soberana a diseñar su propio futuro, algo que es percibido como una amenaza por parte de otros Estados sumamente poderosos.
Por eso se hacen guerras sin declarar, se derriban regímenes de manera violenta y se violan leyes y cuantas normas sean necesarias por turbios intereses de quienes se creen capacitados para imponer su voluntad por la fuerza y no gracias a la fuerza de la razón y la legalidad.
Comportamientos de países que vienen precedidos por las actitudes de sus gobernantes. De ahí que el autoritarismo, primer síntoma de un fascismo latente, sea una característica de esos comportamientos imperialistas y del autoritarismo que engalana a algunos personajes que se creen por encima de leyes y usos convenidos, como Netanyahu en Israel, Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos y otros de su calaña.
Algo grave está sucediendo con la destrucción del antiguo Orden Internacional cuando lo que emerge son líderes autoritarios y cínicos que no dudan en reprimir cualquier discrepancia y en normalizar la violencia. Y más grave aun cuando eso sucede en Estados Unidos, una democracia forjada con la intención de impedir el poder absoluto de los reyes, que está siendo corroída por mandatarios como Donald Trump, quien amenaza a todo el que ose contradecirle.
Ya no solo persigue a migrantes para expulsarlos del país sin que ningún juez medie en el proceso, sino también a periodistas, estudiantes, universidades, manifestantes y todos aquellos que no secunden y aplaudan sus decisiones; es decir, a los que no piensan como los MAGA, su doctrina.
Y como jefe de la violencia ejercida desde el poder, ordena a agentes federales a detener a un representante público en un edificio oficial por pedir la orden de arresto y cuestionar sus políticas. Es lo que hizo anteriormente con un senador por california que también había sido apresado y tratado brutalmente por querer intervenir en una rueda de prensa para denunciar la militarización de Los Ángeles a causa de las redadas masivas contra inmigrantes.
Tal ambiente de autoritarismo y de violencia verbal y policial desencadena actitudes letales entre fanáticos que creen que todo está permitido. No es de extrañar, pues, que hayan sido asesinados en Minnesota una congresista demócrata y su marido, al tiempo que han resultado heridos un senador local y su esposa.
Es indudable que tales actos los cometen desequilibrados que piensan que están luchando en favor de quien tolera una violencia justificada, como la que ejercieron los que asaltaron el Capitolio y fueron finalmente indultados por Trump nada más llegar a la Casa Blanca. Estas actitudes de matonismo y de patente desprecio de la legalidad es lo que convierte estos tiempos actuales en criminales. Y algo habrá que hacer por corregirlo.
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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