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11 de mayo de 2020

  • 11.5.20
José Luis Rodríguez Zapatero es un desconocido abogado vallisoletano que, tras esos vaivenes traumáticos con los que suele el PSOE renovar su cúpula dirigente, consigue liderar el regreso al poder de los socialistas en 2004, la segunda vez que acceden al Gobierno en democracia. Y lo retiene durante dos legislaturas que fueron muy distintas entre sí.



En efecto, si los gobiernos de José María Aznar podrían distinguirse por el éxito económico coyuntural y la desatención social, los de Rodríguez Zapatero pueden calificarse por sus conquistas sociales estructurales y por su infortunio en lo económico.

Siendo un anodino diputado sin experiencia, el congresista más joven de aquella época, disputó al histórico José Bono la Secretaría General del PSOE, en el año 2000, tras años de desconcierto en la dirección socialista por la repentina dimisión de Felipe González y las interinidades de Joaquín Almunia.

Con ese breve aprendizaje y cuatro años en la oposición, pero con el propósito de brindar un “cambio tranquilo” y un “talante” de permanente diálogo, unido a las dramáticas circunstancias del atentado de Madrid de torticera gestión por parte de la derecha gobernante, Zapatero consiguió el regreso al poder del PSOE, formando el primer Gobierno paritario de la historia de España.

Tal cambio constituyó la tercera alternancia de la democracia. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que se extendieron a lo largo de dos legislaturas, estuvieron rodeados de polémica, incluso desde la victoria electoral, a sólo tres días después del mayor atentado terrorista cometido en Europa.

La derecha, confiada en ganar esos comicios, nunca se lo perdonó e intentó cuanto pudo deslegitimar aquel resultado de las urnas. Y es que esa derecha no podía reconocer que había perdido el gobierno al pretender capitalizar el atentado y atribuir su autoría a ETA. Aun hoy mantiene, a pesar de las sentencias judiciales, teorías conspirativas con las que intenta dar validez a su tergiversación de los hechos.

Durante el primer mandato de Rodríguez Zapatero se sucedieron las iniciativas más novedosas en torno a la ampliación de derechos civiles y sociales, el cierre definitivo del diseño territorial, el fin de ETA y el reconocimiento de la dignidad de los vencidos mediante la llamada Memoria Histórica. Pero la polémica no iba a dejar de caracterizar su acción de gobierno.

La primera medida adoptada, la retirada de las tropas españolas de Irak, por negarse a participar en una guerra declarada ilegal por la ONU, tuvo como consecuencia el enfriamiento y distanciamiento de las relaciones con EE UU, que duró hasta que Bush fue sustituido por Obama en la Casa Blanca.

Zapatero (como se le llamaba coloquialmente) emprendía, así, la reversión de la orientación exclusivamente proestadounidense que Aznar había imprimido a la política exterior para recuperar el alineamiento a favor del eje franco-alemán, que ya Felipe González había inaugurado en su tiempo, además de apostar por el multilateralismo en la acción exterior.

Tal abandono del seguidismo incondicional norteamericano, practicado por Aznar y fijado en la memoria con la famosa foto de las Azores, no impidió, sin embargo, que el Gobierno socialista aumentara los efectivos españoles en Afganistán y otros lugares, siempre bajo el paraguas legal de la ONU.

Otras iniciativas de su política exterior también fueron controvertidas, como la Alianza de Civilizaciones establecida entre España y Turquía, de nulos resultados prácticos, y la negativa a formar parte de la coalición para bombardear Libia, que volvió a provocar malestar en los altos mandos de la OTAN y en EE UU.

Más “lógica” resultó ser la decisión de finalizar el compromiso militar en Kosovo, cuya independencia Madrid se negó –y se niega– reconocer por su repercusión en la política interna y los conflictos con las autonomías que propugnan su independencia de España.

Por otra parte, Zapatero defendió el levantamiento de la posición de dureza de la UE sobre Cuba, que había promovido Aznar, y el afianzamiento de las relaciones con los países iberoamericanos, basadas en principios y en el respeto mutuo, no en lecciones ni tutelajes ideológicos.

Asimismo, se preocupó de evitar conflictos con Marruecos y mostró su respaldo al Gobierno de transición de Túnez en apoyo a su proceso democratizador. Gracias a sus buenas relaciones con mandatarios europeos, consiguió que España tuviera una presencia fija en el G-20, el foro de los países más ricos y emergentes del mundo, en calidad de invitado permanente.

Es en lo social, sin embargo, en lo que los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero descuellan de manera rotunda, posicionando a España a la vanguardia en derechos y libertades del mundo, al promover iniciativas que instituyeron o ampliaron derechos ciudadanos.

Así, hay que anotar en su favor la aprobación, no sin el repudio por parte de sectores conservadores de la sociedad y de la Iglesia católica, que hizo una dura campaña de oposición, de la Ley del matrimonio homosexual, pionera en Europa, y la ley que agilizaba los trámites del divorcio (Ley de divorcio exprés).

También promovió la Ley de igualdad, para establecer la paridad entre hombres y mujeres en la esfera pública y laboral, y la Ley antitabaco, con la limpió de aire nicótico edificios y establecimientos públicos y rebajó índices de mortalidad por causa del cigarrillo.

Otra de las importantes medidas de Zapatero fue la Ley de Dependencia, establecida como cuarto pilar del Estado de Bienestar, que reconocía derechos de atención a las personas dependientes y ayudas a sus cuidadores. Todas estas iniciativas, de amplio calado, modificaron costumbres sociales de forma definitiva, hasta el punto de que hoy sería inimaginable reconvertirlas.

De igual modo, promovió la Ley de la Memoria Histórica, que persigue el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, y que todavía sigue siendo tildada de “vengativa” por los herederos de los vencedores y simpatizantes del fratricidio y su régimen. La aplicación de esta ley, que elimina nombres, placas o monumentos que exalten la dictadura y humillen a las víctimas, aun causa debates y confrontación política en la actualidad.

Asimismo, durante la primera Legislatura del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero se aprobó la Ley integral de medidas contra la Violencia de Género, que amplía la protección policial y jurídica de la mujer que es víctima de agresiones y asesinatos machistas.

También se paralizó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y se introdujo en el currículo la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuya finalidad era impartir valores constitucionales y de tolerancia cívica a los alumnos, futuros miembros de una sociedad plural y diversa, pero a la que se opusieron la Iglesia y el Partido Popular por, decían, promover el “laicismo” en las escuelas y representar un ataque a los católicos y contra la “libertad moral”.

Otras de las iniciativas fue la introducción del carnet de conducir por puntos, tendente a reducir los accidentes de tráfico, y la reforma la Ley del aborto, que facilitaba esta intervención sin exigencia de ningún supuesto, entre otras medidas.

Como colofón, se podrían citar dos guindas del amplio legado social de Zapatero, una revocada y otra mantenida, que ponen de relieve su afán por modernizar el país y dotarlo de instrumentos con los que enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía.

En primer lugar, el Gobierno socialista promulgó una reforma integral de la Radiotelevisión pública (RTVE) para que dejara de ser un altavoz del Ejecutivo y no se repitiera la manipulación en los informativos, como la protagonizada por Urdaci. Con ella, el Parlamento designaba por mayoría reforzada al presidente del Ente, y no el Gobierno como en los 50 años anteriores, lo que aseguraba la independencia y la profesionalidad del medio.

Además, los sindicatos tenían, por primera vez, representación en el Consejo de la Radio y la Televisión. Y, por si fuera poco, se eliminaba la publicidad en RTVE, a cambio de un canon financiero por los servicios de interés público que prestaba. El modelo seguía el ejemplo de la BBC inglesa.

Nunca, antes, la televisión pública de España, en competencia con las cadenas privadas, había sido tan neutral y profesional ni alcanzado mayor grado de prestigio y audiencia como entonces. ¿Qué hizo la derecha cuando volvió al poder? Ya lo veremos.

Y, en segundo lugar, el cuestionado presidente Zapatero tuvo el acierto de crear la Unidad Militar de Emergencias, la polivalente UME que, hoy día, se entrega a desinfectar residencias y hospitales durante la actual pandemia del Covid-19 que asola España.

Con aquella iniciativa, el Gobierno socialista proveyó un instrumento indispensable al servicio del país, capaz de intervenir de manera rápida y eficaz para prestar ayuda en caso de catástrofes naturales, incendios y todo tipo de emergencias o calamidades, en cualquier parte del territorio nacional, colaborando, que no sustituyendo, con otras instituciones y fuerzas del Estado. En la actualidad, a pesar de requerirse continuamente los servicios de esta unidad militar, pocos reconocen el providencial acierto del vilipendiado presidente Zapatero en su creación.

Y es que, en lo económico, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tuvo la desgracia de tropezarse con una crisis económica, durante su segundo mandato. Esa crisis económica, iniciada en 2008 en EE UU, golpeó de lleno a España. Pocos advirtieron su gravedad, pero a toro pasado muchos profetizaron sus consecuencias.

Al ser una crisis financiera generada por los abusos con las hipotecas subprime en EE UU, el presidente español, como muchos en otras latitudes, minusvaloraron sus efectos sobre la saneada economía de España, cuya deuda pública apenas representaba el 36 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). No supo reconocerla en sus inicios y después tuvo que rectificar.

El hundimiento del mercado financiero mundial hizo engordar como una bola de nieve una crisis económica, que sumó sus efectos al estallido de la burbuja inmobiliaria, creada en tiempos de Aznar, y una consecuente crisis bancaria. Todo ello provocó que la capacidad económica del país estuviera prácticamente en quiebra, al elevarse el déficit público a unas cotas inasumibles de más del 90 por ciento del PIB.

Ante tal situación, Zapatero utilizó al principio recetas expansivas anticíclicas, recomendadas incluso por el FMI, para suplir la inversión privada con la pública, destinando grandes sumas de dinero a planes de choque, los denominados Plan E, que no pudieron frenar el deterioro de la economía ni el crecimiento descomunal del gasto público.

Las exigencias de los mercados financieros mundiales y de las economías convergentes por reducir el gasto público como sea, obligaron al presidente socialista a tomar medidas contrarias a su ideario, tales como congelar las pensiones, reducir el salario de los empleados públicos, retirar la prestación del “cheque-bebé”, practicar una reforma laboral que enfrentó a trabajadores y patronal en su contra, uniéndolos en una huelga nacional.

El paro volvió a escalar cifras espeluznantes, al pasar desde un 8 por ciento a más del 20 por ciento, y la Prima de Riesgo ponía nuestra economía a los pies de los especuladores financieros, al dispararse desde menos de los 100 puntos, en relación con el bono alemán, a una cota de más de 400 puntos, en el verano de 2011, lo que incrementaba los riesgos de un rescate económico de España por parte de la UE, como los efectuados con Grecia, irlanda, Portugal y Chipre.

Todas estas dificultades fueron munición para la oposición en su ofensiva por desgastar la credibilidad del Gobierno (lo acusaron hasta de ser el causante de la crisis económica) y para que algún economista de derechas, futuro ministro de Hacienda, se atreviera a confesar que “cuanto peor vaya la economía, mejor para nosotros”.

Esta mala suerte en la economía fue providencial para que la derecha, de la mano de Mariano Rajoy, el delfín designado por Aznar para sucederle, ganara las siguientes elecciones e hiciera fortuna con el lema de la “herencia recibida” a la hora de aplicar las tijeras.

Es verdad que Rajoy recibía un país aquejado de una grave crisis económica, con un paro de más de cinco millones de personas y un déficit público desbocado. Pero también es verdad que el presidente Zapatero había logrado librar al país, hasta que perdió el poder, de ser intervenido por los “hombres de negro” de Europa, al contrario de lo que la leyenda ha propalado, con sus medidas de contención del gasto, opuestas a sus convicciones ideológicas. Hasta en eso fue honesto.

Por no querer recordar lo que de positivo tuvo el mandato socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, no se le reconocen siquiera los intentos de negociación con ETA (como los que intentaron anteriormente otros gobiernos de distinto signo) que, aun torpedeados por la propia ETA, culminaron con el fin de la banda terrorista, a pesar de soportar que la derecha pareciera preferir, por su oposición frontal a todo diálogo, que la banda continuase matando a silenciar para siempre las armas.

Tampoco se quiere recordar su consensuada habilidad de encauzar las tensiones territoriales, tanto por el “plan Ibarretxe” como por la reforma del nuevo Estatuto de Cataluña, que la derecha combatió con denuedo e impugnó ante el Tribunal Constitucional, aunque fuera semejante al de otras comunidades, como la andaluza. De todos aquellos barros de incomprensión y deslealtad proceden los lodos de la actual deriva secesionista que convulsiona la unidad de España en la actualidad. Pero eso será materia de otro capítulo.

DANIEL GUERRERO

4 de mayo de 2020

  • 4.5.20
José María Aznar consigue en 1996 no solo el retorno de la derecha al poder sino el liderazgo de una nueva generación de políticos conservadores (sin Fraga ni ninguno de sus “siete magníficos”) que no había participado en la Transición.



Su primera Legislatura, sin mayoría suficiente, fue relativamente condescendiente con los nacionalistas que apoyaron con sus votos al Gobierno (se refirió a ETA como “grupo de liberación vasco” y aseguró “hablar catalán en la intimidad”), pero tras el brutal asesinato del concejal de su partido Miguel Ángel Blanco, mantuvo una línea de mayor firmeza contra el nacionalismo que amplió el respaldo social a su partido y, por consiguiente, la consecución de una mayoría absoluta en su segunda legislatura.

Aznar, un funcionario del Cuerpo de Inspectores del Ministerio de Hacienda, había militado en su juventud en organizaciones de ultraderecha antes de desembocar en la Alianza Popular de Manuel Fraga, donde moderó su conservadurismo con el ideario del liberalismo cristiano, que determinaron las propuestas más liberales y menos estatistas del refundado Partido Popular, con el que ganó las elecciones.

Desde el principio, sus gobiernos se dedicaron a proyectar una idea nacional de España, un nacionalismo español que definía su patriotismo político, y a aplicar en la economía las fórmulas liberales más ortodoxas, que propugnan la desregulación económica, el adelgazamiento del peso del Estado, la privatización de empresas públicas, bajadas de impuestos y el resto del recetario del liberalismo económico. Heredando una coyuntura favorable, las medidas económicas de Aznar y su equipo produjeron unos buenos resultados, materializados en un crecimiento económico notable y el saneamiento de las finanzas.

En lo económico, pues, la derecha gobernante con Aznar consiguió el mayor crecimiento económico y de creación de empleo en la historia de España, como consecuencia de esa liberalización de la economía y de una fuerte contención del gasto del Estado.

Además, la privatización de aquellas empresas públicas calificadas como las “joyas de la corona” propició el ingreso de ingentes sumas de dinero a las arcas públicas. Es notorio que ello significó, por ejemplo, el final jurídico del monopolio de Telefónica, cuya presidencia cedió a un leal amigo de estudios, quien utilizó la fortaleza económica de la compañía para intentar doblegar al grupo de comunicación Prisa, editor de El País, el diario de mayor difusión de España, y propietario de la plataforma de televisión privada Canal+.

Otras empresas privatizadas fueron la eléctrica Endesa, la petrolera Repsol, la siderúrgica Aceralia, la bancaria Argentaria, la tecnológica Indra y la manufacturera Tabacalera, entre otras. Excepción aparte fue el ente público audiovisual RTVE, que se conservó, a pesar de su abultado déficit, bajo las directrices del Gobierno, que no dudó en utilizarlo mediáticamente a su favor, recurriendo a procedimientos descarados de manipulación y sectarismo político. Nunca antes la credibilidad y la objetividad de la Televisión pública había sido tan baja.

En lo concerniente al empleo, el crecimiento económico y la flexibilización del mercado del trabajo se tradujo en una disminución notable del desempleo, pero también en la precarización de los contratos y la austeridad presupuestaria, llegándose a congelar el salario de los funcionarios, en 1997.

Además, se procedió a liberalizar el suelo urbanizable, lo que incentivó la construcción de viviendas, pero también el inicio de la llamada “burbuja inmobiliaria”, de efectos retardados. No hay que olvidar que, en lo económico, la entrada del euro y la desaparición de la peseta, con una política monetaria dependiente del Banco Central Europeo, fue sumamente beneficiosa para la saneada economía española, potenciando su crecimiento y estabilidad.

En lo social, Aznar emprendió una reforma del gasto rural que contemplaba la paulatina extinción del Plan de Empleo Rural (el conocido PER), que estaba destinado a los jornaleros de Andalucía y Extremadura, y la supresión del subsidio por desempleo agrario, aunque durante las negociaciones aceptó una cobertura alternativa. Durante aquellos años, España fue el país de la UE que menos ayudas ofrecía a las familias más necesitadas y el que menor porcentaje del PIB destinaba al gasto social.

No menos conflictiva, a lo largo de las dos Legislaturas, fue la reforma de la Educación, tendente a sustituir la LOGSE socialista por la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) del Partido Popular. Además de reintroducir la asignatura de Religión en el Bachillerato, la reestructuración de las Humanidades prevista provocó una fuerte confrontación con los partidos nacionalistas vasco y catalán, por invadir competencias de sus autonomías en la materia y por la “revisión” que hacía de la Historia de España, en la que se ocultaba la existencia de los pueblos que la integran, al tiempo que exaltaba la unidad indeclinable de España como entidad político y cultural monolítica.

Igual controversia desató la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), por crear agencias de evaluación de centros, implantar la Reválida, eliminar la incompatibilidad de la docencia en la Universidad pública con los centros privados y por vulnerar la autonomía universitaria para elegir a sus rectores, entre otras medidas.

Igualmente, fue muy discutida su reforma de la Ley de Extranjería, al endurecer considerablemente sus condiciones y por la facultad que concedía al Ministerio de Interior de repatriar de manera expeditiva a los inmigrantes indocumentados.

En política exterior, Aznar hizo un viraje hacia el férreo alineamiento atlantista y pronorteamericano, que culminó con el apoyo incondicional de España a la intervención norteamericana en Irak, que motivó una fuerte contestación social. También se decantó hacia posiciones pro-Israel en su conflicto con los palestinos, abandonando las tradicionales relaciones con los países árabes.

Su identificación con los postulados del neoliberalismo norteamericano, encarnados por el presidente Bush, lo alejaron de la moderación histórica hacia las naciones hispanoamericanas que practicaba la política exterior española. Endureció sus exigencias a gobiernos de izquierda de aquella región, como el de Cuba, adonde desaconsejó una visita oficial de los Reyes de España.

Al final, sus posturas intransigentes, que evidenciaban formas autoritarias de hacer política, la manipulación mediática para desvirtuar la verdad, la erosión de los servicios públicos, la utilización política de las víctimas del terrorismo, el acaparamiento de la Constitución (proyecto, por cierto, que no votó en su día el líder conservador) y de la unidad de España para arrogarse su interpretación y combatir al adversario político y, sobre todo, la tergiversación del atentado yihadista del 11 de marzo de 2014, cometido en Madrid y que causó cerca de doscientos muertos, intentando adjudicar su autoría a ETA, dieron la puntilla a los gobiernos de derechas de la era de Aznar.

La soberbia, sus veleidades imperialistas (la boda de su hija en El Escorial) y los escándalos de corrupción que afloraron también bajo su mandato (Gescartera, la trama Gürtel, el responsable de su “milagro” económico, el ministro Rodrigo Rato, actualmente en prisión, etc.), agotaron su prestigio, alimentaron la desconfianza en su partido y, en menos de cuarenta y ocho horas, lo desalojaron del poder de forma imprevista. La izquierda, contra todo pronóstico, volvía a gobernar España.

DANIEL GUERRERO

27 de abril de 2020

  • 27.4.20
Es oportuno, para saber a qué atenernos, elaborar de vez en cuando un balance de lo conseguido por gobiernos de distinto color en la historia reciente de nuestro país. Un repaso somero de lo logrado para la sociedad por las distintas ideologías gobernantes podría servir para distinguir, con la verdad fáctica de los hechos, la diferencia entre unas y otras, y los intereses que las guían u orientan, no siempre al servicio del interés común.



Evidentemente, la valoración aquí expuesta no es exhaustiva ni se ajusta a un criterio de escrupulosa objetividad, lastrado siempre por la subjetividad del compilador, pero intenta ser honesto y respetar la realidad. De una valoración así se deduce, como conclusión general, que existen diferencias sensibles, respecto al progreso y los beneficios para la ciudadanía, entre lo perseguido y logrado por la derecha y lo ambicionado y realizado por la izquierda en España.

Y, a partir de esta información, se puede fundamentar la confianza que merecen las formaciones de una y otra ideología y la credibilidad de sus propuestas o promesas. Tal vez esto sea un objetivo demasiado ambicioso para un artículo periodístico, pero de lo que no cabe duda es que es un ejercicio sumamente interesante.

Hay que advertir, de entrada, que este balance, para que fuera viable, tuvo que arrancar en la restauración democrática en nuestro país, puesto que el período anterior había sido monopolizado por una dictadura durante más de cuarenta años, que no consentía los partidos políticos ni había posibilidad de que ninguna ideología pudiera manifestarse, como no fuera la fascista del dictador, so pena de cárcel o condena de muerte, bajo la acusación de rojo, masón o subversivo, sinónimos para un único delito: discrepar u oponerse a la opresión.

Por tanto, el repaso de lo realizado desde la Transición hasta la fecha, toda nuestra más reciente e histórica etapa democrática, constituye el material de este balance tan provisional como refrescante y emotivo.

Se inicia, como no podía ser de otra manera, con los sucesores de la dictadura, esa derecha que la sobrevivió, debidamente actualizada en sus formas, que no en su fondo, y que heredó el poder tras la muerte del dictador y la desaparición de su régimen.

Emergió en un contexto internacional y europeo que exigía la transformación del régimen franquista en una democracia formal y liberal, condición indispensable para que España fuese aceptada como un miembro más, con los mismos derechos y sin vetos por su singularidad autoritaria, entre las democracias del entorno. Era imprescindible, por tanto, una metamorfosis del régimen desde el punto de vista político, pero también social y económico.

Tal transformación no fue fruto de una repentina “iluminación” de los herederos del franquismo, sino una exigencia del contexto internacional, una demanda de la sociedad española, deseosa de respirar aires libres y permisivos, y una condición ineludible para el crecimiento económico y comercial. De este modo, no hubo más remedio que hacer la metamorfosis.

La gran suerte es que también hubo personas, miembros jóvenes del viejo régimen, que afrontaron el reto con enorme honestidad y valentía política, a pesar de que existían sectores muy poderosos del aparato franquista –Ejército, oligarquía, la jerarquía católica...– que no estaban dispuestos a acometer cambio alguno, como demostraron con el frustrado Golpe de Estado de febrero de 1981.

Y es en aquel ambiente enrarecido en el que emerge la figura de Adolfo Suárez (antiguo ministro del Movimiento, en 1975), entre otros (Torcuato Fernández Miranda, Fernando Suárez...), como líder providencial. Un político tan milagroso como la moderación de una oposición, incluso en la clandestinidad, que también supuso un factor positivo que favoreció lo que posteriormente conocemos como la Transición: el paso incruento de la dictadura a la democracia.

En este balance ideológico habría que valorar de positivos los resultados de los distintos gobiernos de Suárez en la cimentación para la modernización de España y el saber conducirla desde los restos de la dictadura hacia un régimen democrático comparable a los europeos.

Así, permitió la existencia de los partidos políticos, incluido el comunista (la bestia negra del franquismo), y la legalización de los sindicatos; elaboró leyes para que las Cortes franquistas se hicieran el “haraquiri” y dieran paso a otra cámara que representara realmente la voluntad popular, libremente expresada en las urnas; culminó los Pactos de la Moncloa, consiguiendo el apoyo de la oposición para encarar reformas estructurales que permitieran equilibrar la economía, frenando la inflación y creando con el IRPF una fiscalidad progresiva, y encaminar la sociedad hacia un futuro de progreso y libertad. Y lo más destacado, consiguió que bajo su mandato se elaborara la Constitución, el texto legal que todavía hoy ampara y regula nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Es indiscutible que la derecha española, bajo las riendas de Adolfo Suárez, se apuntó a su favor el trascendental paso de transitar desde el impresentable régimen dictatorial hacia la democracia de una manera pacífica, además de poner los mimbres para la necesaria modernización política y social del país, como puso de manifiesto la primera ley del Divorcio de la democracia, que aprobó en 1981 con el rechazo frontal de la Iglesia Católica y de sectores democristianos de su propio partido.

Es cierto que tal transformación no fue obra de una persona en solitario, pero el presidente Suárez fue quien logró concitar los consensos y los talentos que la hicieron posible. Por tal razón, no hay que restarle los méritos ni el protagonismo que se merece, a pesar de que se creó enemigos, dentro y fuera de su partido, que finalmente consiguieron derribarlo del poder, materializado con su dimisión en 1981, tras cerca de cinco años al frente del Ejecutivo.

Nunca antes, la derecha española había sido menos dogmática y más abierta al progreso social, aunque es verdad que venía de una etapa de total cerrazón. Pero también actuó con menos sectarismo como en el futuro haría, como veremos. En cualquier caso, en el haber de Adolfo Suárez destaca haber sido el primer presidente de Gobierno de la Democracia y ganar las primeras elecciones democráticas celebradas en este país (1977 y 1979). Lo que no es poco.

Tras ese hundimiento de una derecha metamorfoseada, ascendió una izquierda representada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el cual había ganado las elecciones de 1982 que convirtieron a Felipe González en el primer presidente de un Gobierno socialista en España, después de la dictadura, un cargo que conservaría durante cuatro legislaturas consecutivas, 14 años. Es un período extremadamente dilatado como para que se produzcan luces y sombras.

Las dos primeras legislaturas fueron prolijas en “luces”, pues estuvieron dedicadas a la consecución de una serie de reformas tendentes a consolidar la democracia y reforzar el llamado Estado de Bienestar. Fruto de tales esfuerzos, es justo señalar como logros de la izquierda la reducción de la jornada laboral, desde las más de 60 horas que se podían efectuar, a 40 horas semanales, y el aumento a un mes de vacaciones al año para todo trabajador.

También, el impulso de la modernización de la enseñanza y de la sanidad, mediante leyes orgánicas que extendieron la enseñanza pública gratuita hasta los 16 años, incorporando el sistema de colegios concertados, y ampliaron la asistencia sanitaria pública, gratuita y universal a todos los españoles, sin depender de las cotizaciones de los trabajadores.

En política exterior, los gobiernos socialistas consiguieron la integración de España en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y aseguraron una nueva alianza de seguridad con la OTAN, iniciativa esta última que obligó al PSOE a cambiar su posición inicial, contraria a la OTAN, a la de liderar un referéndum de carácter consultivo a favor de la permanencia en la misma, logrando tal objetivo.

También suscribieron un nuevo Convenio de Cooperación Militar con EE UU que permitió reducir sus contingentes en nuestro país y limitar su presencia a las bases de utilización conjunta de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). Al mismo tiempo, gracias a negociaciones bilaterales con Reino Unido, pudieron abrir la “verja” de Gibraltar y restablecer las comunicaciones y el tránsito de personas, vehículos y mercancías entre España y la colonia.

Un aspecto delicado en aquellos tiempos era el Ejército. Sin embargo, los gobiernos socialistas impulsaron un proceso reformador de las Fuerzas Armadas, con objeto de democratizar al Ejército y restarle privilegios y tendencias tutelares de la sociedad.

Con tacto y decisión, lograron que estas Fuerzas estuvieran subordinadas al poder civil, evitando así, o al menos minimizando, cualquier intento de sublevación o golpe de Estado. Además, pasaron a estar integradas en la estructura de la OTAN, lo que les hacía participar de otra cultura de servicio profesional al país y de defensa de la democracia e intereses españoles en cualquier parte del mundo. No menos trascendental fue el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas, en 1988.

En lo económico, los Gobiernos socialistas emprendieron desde la primera legislatura la modernización de la estructura industrial del país, en su mayor parte obsoleta y subsidiada, incapaz de competir. Las reconversiones emprendidas por los socialistas, tanto en la industria pesada como en la siderurgia y los astilleros, tuvieron consecuencias traumáticas para el empleo y el impacto económico en varias regiones, como el País Vasco, Cantabria, Valencia, Andalucía y otros.

Tales reconversiones acarrearon dos huelgas generales en el país, secundadas incluso por el sindicato socialista UGT, que se desmarcó de la política gubernamental. Por otra parte, el Gobierno procedió a la expropiación del holding de Rumasa, un grupo empresarial privado, propiedad de José María Ruiz Mateos, que, según el ministro de Economía, Miguel Boyer, se hallaba virtualmente en quiebra.

Los socialistas también acometieron la reestructuración y redefinición de todas las empresas de titularidad pública, un entramado de más de 200 sociedades de múltiples sectores, como SEAT, Sidenor, Enagás..., con objeto de liquidar las que no fueran rentables y abrir al mercado, mediante la venta de acciones en bolsa, a las restantes.

Toda esta modernización de la economía y del tejido industrial estaba enfocado a su adecuación a los estándares europeos y, después del ingreso en la CEE en 1986, a una política de subvenciones acorde con los criterios de racionalidad y viabilidad que exigía Bruselas.

España, tras años de negociaciones, logró adherirse a la Comunidad Económica Europea, un Acta que firmó Felipe González en 1985. La pertenencia a la CEE, cuyo ingreso formal se produjo el 1 de enero de 1986, junto con Portugal, supuso transformar el proteccionismo estatal y una economía autárquica en una estructura más sólida y competitiva que pudiera insertarse en el conjunto del Mercado Interior Único, después de un periodo de adaptación y reformas, en un afán por reducir el diferencial con los países socios e igualar la media de renta comunitaria. Todavía estamos en ello.

En lo que pudiera ser su bandera más preciada, los socialistas, en lo social, se atrevieron a despenalizar parcialmente el aborto, con la promulgación de una ley de interrupción del embarazo en centros públicos o privados, que contemplaba tres supuestos: en caso de violación (hasta las primeras 12 semanas de gestación), si existían taras graves o psíquicas del feto (hasta las 22 semanas) y en caso de riesgo grave para la salud física y psíquica de la madre (sin límite temporal).

En un país católico y tradicionalmente conservador, esta liberalización de las costumbres desató una fuerte polémica, llegando incluso a ser recurrida por los conservadores ante el Tribunal Constitucional. A camino entre lo económico y lo social se podría destacar la celebración de la Exposición Universal en Sevilla y la Olimpiadas en Barcelona, en 1992, por los réditos que dieron en ambos aspectos.

Capítulo aparte merece la lucha contra el terrorismo, fundamentalmente, de ETA. Con Felipe González, que logró el acuerdo denominado Pactos de Ajuria Enea, que comprometieron a las fuerzas políticas con la democracia y en contra del terrorismo, se comenzó a derrotar la sangrienta historia de la banda terrorista y ganar el apoyo de la ciudadanía.

También se cometieron graves errores, como la creación de los GAL (Grupos antiterroristas de liberación) y la “guerra sucia” contra ETA. Esta chapuza policial, financiada por el Ministerio del Interior, degeneró en el declive de los gobiernos socialistas, que, además, acumularon durante su larga permanencia en el poder varios casos de corrupción (Casos Filesa, Ibercorp, Juan Guerra, Roldán...) que socavaron la confianza en ellos y, finalmente, los apearon de la poltrona.

El declive socialista fue paulatino y abarcó sus dos últimas legislaturas, hasta que, en 1996, la derecha recupera el poder, consumido el período de gobiernos socialistas. Pero eso ya formará parte de otro capítulo.

DANIEL GUERRERO

20 de abril de 2020

  • 20.4.20
Nuestros hábitos están cambiando por culpa de la pandemia vírica que estamos sufriendo. Las medidas de higiene y de protección sanitaria han entrado en nuestras vidas con intención de permanecer largo tiempo. No es solo que hagamos acopio de papel higiénico, sino que las mascarillas y el lavado frecuente de manos con geles hidroalcohólicos seguirán formando parte de nuestras rutinas hasta más allá del verano, si no se quedan como costumbres consolidadas entre nosotros. Todo sea por defendernos de la infección que un coronavirus sumamente contagioso ha propagado por el mundo, sin que nadie haya podido evitarlo.



Nos han obligado a mantener la distancia social entre nosotros, usar guantes sin demasiada precaución (si tocamos todo con los guantes, transmitimos con ellos toda probable contaminación) y permanecer encerrados en nuestros domicilios cerca de dos meses, todo ello con la finalidad de erradicar o, al menos, mantener a raya una epidemia que se ha cobrado miles de vidas en nuestro país, aparte de enfermar, con o sin síntomas, a centenares de miles de ciudadanos, probablemente a millones de ellos.

De este modo, nos hemos vuelto desconfiados, temerosos e hipócritas con los que nos rodean y dependientes de ritos de desinfección que creemos milagrosos para esquivar el contagio del dichoso virus. Pero vamos a necesitar un antiséptico aún mucho más potente para combatir las amenazas que vienen detrás de la pandemia, tan intensas y tóxicas como ella.

En primer lugar, una vez levanten el confinamiento y se haga realidad la anunciada desescalada hacia la normalidad, tendremos que echar lejía a las manchas que limitaban o suspendían derechos y libertades, consagrados por la Constitución, con el pretexto de luchar más eficazmente contra la pandemia.

A cambio de seguridad, hemos cedido parcelas de libertad e intimidad con objeto de controlar la propagación de la infección, cayendo en un dilema falso que, ahora, tendrá que anularse. Por su culpa, consentimos la instalación en nuestros teléfonos de aplicaciones que rastrean los movimientos de los ciudadanos para que las autoridades pudieran controlar el cumplimiento del confinamiento.

Permitimos que se produjeran abusos y detenciones arbitrarias en las calles, cuyo rigor no se atiene ni a la proporcionalidad ni a la ponderación de la eficacia. Las advertencias y los castigos anunciados para los infractores suponían más una coacción que información pertinente. Todo lo anterior constituyen señales inequívocas de una tendencia hacia el autoritarismo por parte de nuestros gobernantes. Y por eso hay que desinfectar al Gobierno de toda tentación totalitaria y fascista en el desempeño de sus funciones.

Por igual motivo, cualquier decisión que afecte a los derechos de los españoles, así como a su convivencia en libertad, deberá recabar el refrendo de las Cortes españolas, sede de la soberanía nacional. Desaparecido el Estado de alarma, el Gobierno debe dejar de actuar como mando único en todo el territorio, con poderes prácticamente ilimitados, y asumir solo la capacidad ejecutiva que le corresponde, contrapesada con los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial.

Es perentorio recuperar la “normalidad” democrática en la acción del Gobierno y de las instituciones al día siguiente de levantar el Estado de alarma. Para ello, hay que eliminar la mugre autoritaria que haya podido adherirse al uso del poder. Y ello necesitará litros de desinfectante.

En todo caso, no habrá lejía suficiente para mantenernos protegidos de los riesgos para la economía y las finanzas que la crisis sanitaria ha provocado. Las consecuencias económicas y sociales serán inmensas y, como siempre, golpearán de pleno a los más indefensos y necesitados.

No habrá antisépticos en el mundo para evitar que el desempleo y la precariedad vuelvan a necrosar la piel de los pobres. Serán muchos, tras el paso de la epidemia, los que continuarán en las urgencias de la sociedad esperando ser atendidos con la justicia y la dignidad que se merecen. Son los pisoteados por el sistema económico y los abusos laborales de nuestro país.

Ya fueron víctimas de la última Recesión financiera y, ahora, volverán a ser los perjudicados por la Gran Depresión que el coronavirus ha desencadenado. Sobre ellos han caído los ERTE, la inviabilidad del negocio para muchos autónomos, el desempleo para millones de asalariados, las previsibles condiciones de inestabilidad y precariedad laboral que todavía serán más dolorosas, si cabe; el cinismo de las entidades financieras, que se publicitaron como si fueran oenegés, en su estrategia por aprovechar la pandemia para seguir actuando como corresponde con su verdadero rostro: especular y obtener las mayores ganancias posibles. Así, interrumpieron momentáneamente los desahucios, pero no dejaron de cobrar intereses a quien no pueden pagarlos, solo los retrasaron.

La nueva amenaza es que el capital querrá recuperar de manera inmediata el lucro cesante. Y que Hacienda no concederá más plazos para reclamar impuestos a los contribuyentes. Llegado ese día, ya no habrá aplausos en los balcones para los sanitarios, la policía, los bomberos y, mucho menos, para los parados.

Tampoco para los ancianos que pagaron con sus vidas las insuficiencias de unas residencias construidas con finalidad mercantil y no asistencial, tal y como puso al descubierto un simple virus letal, propiciando que la Seguridad Social se ahorrase un buen pellizco en pensiones. ¿Cuántos bocoyes de lejía harán falta para limpiar tanta inmundicia?

También será preciso borrar la ilusión que nos causa el populismo, sea de derechas o de izquierdas, que infecta las sociedades más desarrolladas del planeta, incluida la española. Nos engatusa con promesas de resolver todos los problemas que nos inquietan, mediante recetas sencillas, más emocionales que racionales, que achacan siempre la responsabilidad a “otro”, al adversario político, al extranjero o al diferente.

Y, para ello, se vale de la falsificación, la manipulación o la mentira más burda, en el convencimiento de que seremos receptores crédulos de sus mensajes y consignas, porque nos gusta creer que no somos mejores por culpa de los demás.

De igual modo hemos de protegernos de los “listos”, de los que critican toda iniciativa sin presentar alternativa alguna, demostrando que “es fácil ser el más listo cuando todo ha pasado”, como advirtió Enzensberger, y obviando intencionadamente las trastadas que cometieron antaño y que posibilitaron las dificultades del presente.

Podemos hallar populistas en todo el país, exigiendo mascarillas y respiradores a manos llenas después de privatizar cuanto pudieron trozos importantes de la sanidad pública. O los que aprovechan esta crisis para autoelogiarse, contratando mensajes publicitarios en los medios de comunicación, y aparentar una gestión envidiable. Incluso los hay que no dejan de adelantar medidas sociales sin que estén técnica y presupuestariamente elaboradas.

Es fácil verlos también en otras latitudes, tanto en Europa como en América, donde exhiben su fanatismo, ignorancia y sectarismo en cuestiones vitales, cual esta pandemia. Todos intentan convertir la mentira en verdad porque consideran a la verdad una amenaza y la ciencia, un peligro que desmiente sus falsedades o exageraciones.

Frente a ellos solo cabe que el juicio crítico y la razón fundada alimenten la opinión pública. Es necesario estar atentos para no dejarse seducir con cantos de sirenas que harán realidad la peor de nuestras pesadillas, en la que aflora la podredumbre de los seres humanos: el odio, la intransigencia, la desigualdad, el fanatismo y la insolidaridad.

Tras esta emergencia sanitaria, si es que la llegamos a superar, no hay duda de que nos aguarda una crisis social y económica que nos obligará a seguir utilizando desinfectantes que sean capaces de arrancar todas las adherencias tóxicas que han endurecido nuestra piel y nuestra conciencia, embotándonos la sensibilidad. Con seguridad, será más difícil de afrontar, más duro aún que el confinamiento. Así que, apretaos el cinturón.

DANIEL GUERRERO

13 de abril de 2020

  • 13.4.20
Conforme la infección se ha ido extendiendo por el planeta, algunos gobernantes dicharacheros han tenido que arrepentirse del menosprecio y la infravaloración con que saludaron la aparición de una pandemia causada por el virus Covid-19 en el mundo. Sobrevaloraron su propia capacidad de enfrentarse a ella, creyendo que sus países serían inmunes a una epidemia que desconoce fronteras tanto como ellos humildad e inteligencia. Y han tenido que tragarse sus palabras y adoptar medidas que descalificaron como propias de sociedades vulnerables o crédulas de un conocimiento basado en la ciencia que ellos se permiten cuestionar, como el que preconiza el cambio climático.



Tales líderes, negacionistas de la racionalidad empírica cuando contraviene sus intereses, forman parte de una lista de charlatanes que, aunque corta, representa lo más granado de la necedad mundial y el populismo redentorista y demagógico. Bocazas que, en el caso de la pandemia, no dudaron en mofarse de unas medidas excepcionales de prevención adoptadas en otras latitudes para aislar a la población, confinándola en sus domicilios, y así frenar la propagación de una epidemia que se expande de manera increíble.

Tampoco les importó que dichas medidas fueran aconsejadas en consenso por la comunidad científica, integrada por médicos, epidemiólogos, sociólogos y virólogos, entre otros expertos, con objeto de proteger a la población por encima de cualquier otra consideración.

Sin embargo, cuando el azote pandémico hubo alcanzado a sus países, han tenido que desdecirse de sus descalificaciones y tomar taza y media del caldo que habían rechazado. Al final, han tenido que actuar con idéntica improvisación que cuestionaron en otros, a pesar de sus balandronadas iniciales. Se han visto superados por la tozuda realidad que negaban en un afán por anteponer la economía y los negocios a las vidas humanas.

A estas alturas de una desgracia que a todos nos tiene acogotados, es posible señalar a los insensatos que gobiernan países con la osadía del ignorante, incapaces de apreciar una emergencia sanitaria, inédita en nuestra época, hasta que no la tienen encima. Estos son los más destacados de entre ellos. Y los más peligrosos:

Boris Johnson, el premier británico conocido por su pelo alborotado, como sus ideas, y por sacar a Inglaterra de la Unión Europea, estaba convencido de que luchar contra la pandemia del virus Covid-19 mediante el confinamiento de la población era una tontería, puesto que el patógeno acabaría inevitablemente contagiando a más de la mitad de los habitantes del Reino Unido.

Pensaba, por consiguiente, que lo más acertado sería que las personas afrontaran la enfermedad para que un 60 por ciento de ellas acabara adquiriendo inmunidad, “inmunidad de grupo”. Tales cálculos comprendían que, de los 40 millones de británicos que enfermarían, el uno por ciento moriría por la letalidad del virus, es decir, unas 400.000 personas.

El líder parecía, así, asumir que esa cifra de “daños colaterales” sería inevitable en su estrategia para enfrentarse a la mayor pandemia que se produce este siglo en el mundo. Estaba decidido, por tanto, a retrasar, como así hizo, el cierre de escuelas y el aislamiento de la población –como hicieron otros países–, al confiar en que la inmensa mayoría de los contagios, según su hipótesis, sería de jóvenes y personas saludables que adquirirían esa “inmunidad de grupo” al superar la enfermedad como si padecieran un simple resfriado o gripe. Se supone que el resto de la población tendría que esperar a que el virus desapareciera por sí solo o engrosar el balance de damnificados a causa de la soberbia de un gobernante ignaro.

El torrente de críticas vertidas por retrasar esa implantación de las medidas de prevención, encaminadas a limitar el avance de la pandemia en su país, sólo surtió efecto cuando el propio primer ministro acabó siendo contagiado por la enfermedad, curiosamente un día después de que el príncipe Carlos también contrajera la infección.

Su pretensión de no decretar la cuarentena total, subestimando la epidemia en aras de proteger la economía, tuvo que ser descartada cuando el propio Boris Johnson pasó a formar parte del contingente de probables “daños colaterales” del virus. Una irresponsabilidad que pudo salirle cara, puesto que tuvo que ser ingresado en una UCI hospitalaria al agravarse su estado de salud y presentar problemas respiratorios que podrían interesar su vida, el destino previsto para ese uno por ciento de compatriotas que le resultaban indiferentes.

Otro consumado charlatán, líder mundial del populismo nacionalista, nativista y racista, es Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América (EE UU). Del mismo modo que su colega británico, también creyó que el asunto no sería para tanto y que tenía el virus “controlado en este momento, es un problema muy pequeño”, como lo despachó en un mitin.

Su obsesión era entonces que la Bolsa de Nueva York fuera bien y no reflejara como amenaza para la economía a una pandemia que se inició en China. Incluso esta procedencia de la epidemia le sirvió a Trump para continuar su enfrentamiento comercial con aquel país, tratando de desprestigiarlo al bautizar despectivamente al germen como el “virus chino”.

Se jactó de frivolizar, en todas sus apariciones públicas, con las consecuencias humanas de una epidemia de la que había minimizado su verdadera magnitud, a pesar de las evidencias científicas y las reacciones de los países donde surgía cada foco nuevo. Su gran temor era, y es, que la emergencia de esta crisis sanitaria anulara los aspectos positivos de una economía que, de momento, parecía responder a sus iniciativas aislacionistas y proteccionistas, tal vez el único argumento favorable para su reelección en las presidenciales del próximo noviembre.

Pero, como Boris Johnson, calculó mal. EE UU es actualmente el nuevo epicentro de la pandemia, al contar con el mayor número de contagiados del mundo, con una tasa de crecimiento imparable y un número de fallecidos también creciente.

La gravedad de la situación es tal que el presidente de Salud Pública norteamericano, Jerome Adams, ha declarado que el país vivirá este momento “como el de Pearl Harbor o el del 11-S”, ante el elevado número de muertes que se espera. Hasta fosas comunes se cavan ya para enterrar a los muertos por la infección no reclamados.

Reacio a implantar el aislamiento social, Trump no ha tenido más remedio que reconocer que el confinamiento era necesario en gran parte del país, como en California o Nueva York, ciudad ésta última en la que la situación es crítica y escasean los recursos materiales y humanos para combatir la emergencia sanitaria.

De hecho, la propia Casa Blanca estima ahora que el Covid-19 podría dejar entre 100.000 y 200.000 fallecidos en el país. Y, como en el resto del mundo, la lucha por adquirir respiradores, mascarillas y test de diagnóstico ha llevado a varios estados de la Unión a competir entre ellos por comprarlos donde sea. Ni el país más poderoso del mundo estaba preparado para esto.

Es por ello que la ignorancia de algunos gobernantes, como estos, resulta nefasta para la población de sus países, al ser incapaces de percibir los problemas reales a los que deben enfrentarse, en vez de dedicarse a los problemas ficticios que inventan para exhibir su supuesto talento y dotes de mando. Su cinismo se hace patente a la hora de echar la culpa a los demás cuando las cosas les salen mal.

Así, acostumbrado a mentir y practicar la demagogia, Donald Trump critica ahora a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no advertir con tiempo de la magnitud de esta pandemia y por desaconsejar, en su inicio, el cierre de fronteras. Fiel a su obsesión, Trump deduce que la OMS actúa en beneficio de China, razón por la que amenaza con restringir la contribución financiera de EE UU a ese organismo. Utiliza cualquier motivo para hacer política, en este caso, su guerra comercial con China.

Pero hacer política con el virus es la peor estrategia para combatirlo e intentar salvar el mayor número posible de vidas. Pero es lo más fácil cuando no se sabe qué hacer y la actitud ha sido, desgraciadamente, no sólo errónea sino contraproducente, hasta el extremo de convertir a su país en el mayor foco de la infección actualmente en el mundo.

Eso sí, por si acaso, Donald Trump se ha hecho reiterados análisis durante todo este tiempo para comprobar que no se ha contagiado, mientras dejaba inerme a sus conciudadanos frente a una epidemia que minimizaba, guiado por prejuicios ideológicos, como buen charlatán hipócrita.

Pero un ejemplo aún más vergonzoso y ridículo de este comportamiento populista, ignorante y manipulador es el ofrecido por el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. Este ni siquiera se digna rectificar, como los anteriores, sino que continúa relativizando la gravedad de la pandemia que comienza a asolar su país.

Tampoco quiere admitir que las restricciones sociales sean necesarias para intentar detener su expansión entre la población. Ni reconoce que esta emergencia constituya una crisis mundial que exige una respuesta extraordinaria. Su negacionismo es tan radical que hasta ministros de su gobierno empiezan a cuestionar y desconfiar de su liderazgo.

Y es que un líder, que se permite afirmar públicamente que contagiarse de este virus no es para preocuparse, pues es como padecer una gripezinha o un resfriadinha, no constituye ninguna sorpresa, sino un peligro evidente. Su incontinencia verbal es motivo suficiente para descalificarlo por ignorante e inhabilitarlo para todo cargo público. No se puede poner la salud de las personas y el destino de una nación en manos de personajes tan endebles intelectualmente, cuyas anteojeras ideológicas le impiden seguir los consejos de los expertos en las materias que han de tratar.

Terco como todo fanático, Bolsonaro sigue empeñado en defender el comercio y la economía antes que a los brasileños, razón por la que se niega reconocer la realidad y a imponer una cuarentena a la población, aun cuando varios gobernadores y alcaldes del país ha decretado confinamientos en sus respectivos territorios.

Incluso, va en contra de los deseos de los ciudadanos, porque, según un sondeo, un 76 por ciento de los encuestados está a favor de encerrarse en sus casas para detener la propagación de una epidemia que se cebaría sobre los más desprotegidos e indefensos. No hay que olvidar que más de 13 millones de personas viven en Brasil hacinados en asentamientos poblacionales informales, sin servicios básicos y sin un empleo estable que garantice a sus moradores ingresos económicos.

No es de extrañar, por tanto, que la pandemia tenga probabilidades de propagarse como la pólvora por unas favelas que ni tienen, ni el gobierno les presta, protección suficiente para contenerla. Tal situación podría desencadenar una enorme crisis sanitaria en Brasil, un país que es ya uno de los más castigados por la pandemia en Latinoamérica.

Sin embargo, ello no quita el sueño al mandatario ultraderechista brasileño, para quien las muertes provocadas por la epidemia no son más preocupantes que las causadas por los accidentes de tráfico. “¿Van a morir algunos? Lo siento. Esta es la vida, así es la realidad”, dijo para justificar su decisión de mantener a toda costa la actividad económica del país.

Su fanatismo ideológico le lleva, incluso, a desafiar las medidas dictadas por su propio Ministerio de Salud y solicitar a los brasileños, excepto los ancianos, que regresaran al trabajo y no se quedaran confinados en sus domicilios.

Al contrario que Johnson y Trump, que acabaron, aunque tarde, reconociendo la magnitud de la tragedia, Bolsonaro se empecina en ignorar las recomendaciones científicas que aconsejan el confinamiento para controlar la pandemia, evitar el colapso de los servicios sanitarios de salud, no sufrir desabastecimiento de los recursos y limitar el número de fallecidos. Como todos los charlatanes ignorantes, habla de lo que no sabe y, lo que es peor, pone en riesgo la vida de los demás gratuitamente, por mero interés partidista.

Son muchos los que se comportan como los descritos. Pero estos son los más groseros e impresentables, no sólo ante sus propios conciudadanos, sino ante el mundo entero. Y, sin embargo, el miedo y la demagogia con los que enfrentan a sus votantes a dilemas falsos (seguridad frente a libertades), los encumbran y mantienen en el poder, aun cuando por su actitud, su sectarismo, su ignorancia y su mediocridad representen más un peligro que una solución para el interés general. Ahí están y por sus hechos los conocemos.

DANIEL GUERRERO

6 de abril de 2020

  • 6.4.20
Nadie en el mundo imaginaba la aparición de una pandemia mundial como la del coronavirus Covid-19. Ningún país estaba preparado para una emergencia sanitaria de envergadura global y propagación rápida, como esta. Por donde ha surgido, la capacidad de reacción ante un problema epidémico de tal naturaleza ha sido tardía y, en la mayoría de los casos, improvisada.



De la indiferencia inicial con que se percibía la génesis de la pandemia, como un asunto lejano y de sociedades poco protegidas sanitariamente, a la descoordinación vivida en Occidente cuando la infección lo ha golpeado, sin detenerse en fronteras o culturas, esta crisis sanitaria ha desatado un abanico de reacciones, que ha ido desde la improvisación hasta el reproche “repugnante”, dependiendo de cómo la pandemia ha afectado a cada país. Todo un alarde de lo que no debería hacerse cuando se precisa la ayuda de todos para afrontar un problema que atañe al conjunto de la humanidad.

Europa es muestra paradigmática de ese comportamiento egoísta e insolidario en la defensa a ultranza de las personas y sus vidas, no de sus bienes o negocios. El virus ha brotado de forma explosiva en Italia al poco de aparecer en China. De allí ha saltado a España y, poco a poco, va adentrándose en el Continente con la virulencia que le permiten los distintos sistemas nacionales de salud y las iniciativas de sus gobiernos.

No existen aduanas para una pandemia que se extiende desde Asia a Europa, de Rusia a EE UU y de Sudamérica a África, sin dejar atrás Oceanía. En todas partes, cada cual se presta a combatirla como puede, con sus propios recursos y su ciencia.

Por motivos complejos, no solo de estructura económica, los países del sur de Europa vuelven a destacar por la magnitud de esta tragedia, a la que se enfrentan con los instrumentos de sus respectivos Estados de Bienestar y limitadas capacidades. Pero también con la descoordinación y la incomprensión de los que creen estar a salvo de este mal por disponer de una economía saneada.

Una actitud decepcionante e inesperada entre socios de un proyecto de unidad política que debiera integrar, además del comercio, la economía y una moneda, también a las personas y la protección de sus vidas. Algunos motivos podrían explicar tal actitud, pero no justificarla.

En cualquier caso, no es momento de reproches, sino de arrimar el hombro, de remar todos en la misma dirección y de demostrar que Europa es la casa común de quienes son considerados europeos, hogar en el que todos confiaban encontrar refugio y no solo un simple zoco comercial.

De ser así, sería oportuno replantearse un proyecto que se muestra inútil frente a una amenaza sanitaria universal, a pesar de que desde el individualismo estatal tampoco está asegurado ninguna protección ante amenazas globales, como esta crisis se ha encargado de demostrar.

Y una vez más, desgraciadamente, los ricos vuelven a desentenderse de los pobres, propugnando dejarlos a su suerte. Así, Europa vuelve a dividirse, a la hora de actuar unida frente a la emergencia sanitaria, entre países ricos del norte y países pobres del sur, estos últimos, precisamente, los más castigados por la pandemia en suelo europeo y los que reclaman ayuda para afrontar un problema mundial.

Y en nombre de los ricos, Holanda, por boca de su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, ha reprochado a los pobres, en concreto a España, no haber ahorrado lo suficiente para hacer frente a la crisis de Covid-19. De esta manera, los Países Bajos, gobernados por una coalición de ultraderecha y euroescépticos, antepone el rigor fiscal y la economía a la solidaridad y el derecho a la vida.

Es decir, exhibe la indiferencia de los privilegiados ante el drama humano de los socios desgraciados de la UE. Sin embargo, su visión no es moral, aunque implique consecuencias éticas, sino económica. Aducen que “la solidaridad europea es la liquidez en la UE”, con la que participa la solidaridad neerlandesa. Un rigor contable ante un problema humano.

El caso es que, efectivamente, España podía haber estado mejor equipada para afrontar la crisis del Covid-19 si hubiera puesto en marcha medidas preventivas, guardadas en su día para mejor ocasión. Por eso, se ha visto sorprendida sin las suficientes estructuras de prevención y salud pública exigibles, aprobadas, en el año 2011, en el texto de la Ley General de Salud, y que jamás se desarrollaron con la excusa de una crisis económica. ¿Se acuerdan?

Por aquel tiempo, tras la pandemia de la Gripe A, se entendió necesario disponer de una Agencia Estatal de Salud Pública o de un centro estatal, en su defecto, que garantice una acción coordinada con las comunidades autónomas ante nuevas emergencias sanitarias.

Tales medidas sufrieron los efectos de los recortes presupuestarios que podaron la sanidad española de forma dramática. Años en los que pasaron a iniciativa privada muchos hospitales de Madrid y de otras comunidades, la mayoría de las cuales estaban gobernadas por conservadores, bajo la premisa de obtener la mayor rentabilidad al menor costo.

Fue la época en que se intentó el cierre y desmantelamiento del Hospital Carlos III de Madrid, especializado en el diagnóstico y tratamiento de pandemias y enfermedades emergentes, iniciativa abortada por el brote de Ébola en África que contagió a un sacerdote español al que hubo que repatriar y aislar en dicho centro.

Ya no nos acordamos de todos esos desmanes que han propiciado que la sanidad española apenas tenga margen de maniobra para afrontar imprevistos. Y que carezca de mecanismos federales de recopilación de información, gestión de crisis y planes de respuesta coordinados con las comunidades autónomas que faciliten la movilización de los recursos disponibles en un país descentralizado como el nuestro.

No se trata, por tanto, solo de un problema de rigor fiscal, como reprochan los holandeses, sino de prioridades en el gasto público, lo que ha constreñido a la sanidad española, provocando que ahora se echen de menos, incluso, planes de contingencia, que no se han desarrollado, y hasta un registro de personal y medios susceptibles de ser trasladados en caso de necesidad.

Aquella ley jamás desarrollada, porque lo importante entonces era socorrer a los bancos gracias al rescate europeo, contemplaba “sistemas de alerta precoz y respuesta rápida” que tampoco se pusieron en marcha, lo que probablemente hubiera posibilitado actuar con mayor diligencia y premura durante la actual pandemia.

Parece inconcebible que se considerase un derroche, como entendió algún neoliberal de los que abundan, contar con camas “ociosas” de UCI por si surgía alguna necesidad, cosa que ahora vemos pertinente, y no que España, con 9,4 camas por cada 100.000 habitantes, estaba –y todavía está– bastante atrasada con respecto a las 29 de Alemania y otros países de nuestro entorno.

Ya es muy tarde para rectificar hoy, pero no para mañana. Ni los hospitales ni las camas de críticos ni los respiradores ni el personal sanitario surgen por ensalmo, no se improvisan de la noche a la mañana, cuando el problema nos castiga de lleno: ha de preverse.

De ahí que esta crisis del Covid-19 afecte a unos países más que a otros. Pero más que ahorros y economías saneadas, la diferencia la establece la previsión y las prioridades en el gasto público. Si alguna enseñanza hubiera que extraerse de esta crisis es la de que hay que reforzar, y mucho, nuestro Estado de Bienestar, modificar nuestro estilo de vida, rediseñar Europa hasta completar una verdadera unión social y política, también fiscal, y, por supuesto, ahorrar.

Pero, todo ello, se acometerá cuando recuperemos la salud, la confianza y la normalidad. Antes, todas las energías deberán centrarse en salvar vidas. No es momento de ejercer de profetas a toro pasado o hacerse el sueco, digo, el holandés.

DANIEL GUERRERO

30 de marzo de 2020

  • 30.3.20
Llevamos más de dos semanas enclaustrados a cal y canto en nuestros domicilios para protegernos de un virus sumamente contagioso. Se trata de una pandemia que ha llevado la infección, el shock social y la muerte allá por donde ha pasado, desde China, núcleo inicial de la epidemia, hasta España, donde el número de afectados no deja de crecer.



Un tercio de la humanidad, como titula un periódico, vive ya confinado a causa de esta enfermedad: 2.600 millones de personas que tratan de eludir este virus encerrándose en sus casas. Es por ello que la atención y la preocupación de la gente y de los medios de comunicación están concentradas en este problema, tal vez el más grave, extenso e intenso que haya conocido nunca el mundo moderno.

Desde las antiguas pestes (bubónica, negra...), la última de las cuales también se originó en China, hasta la pandemia del sida, la población actual ignoraba la absoluta vulnerabilidad a la que está expuesta en estos tiempos caracterizados por la globalización, fenómeno que también alcanza las enfermedades, por la que una infección asiática se contagia al resto del mundo con la rapidez de nuestros desplazamientos y medios de transporte.

Jamás la actual generación viva del planeta se había enfrentado a un problema sanitario de semejante envergadura, y sin medios para combatirlo. Son tiempos, pues, de estupor y miedo. No resulta extraño, por tanto, que este asunto, que afecta a la salud de todos, eclipse todos los demás de la actualidad.

Pero la realidad, sin embargo, es diversa y compleja, y sigue ahí influyendo, de manera latente, en nuestras vidas y en la gobernanza mundial. Hay otros asuntos, menos urgentes si se quiere, que también forman parte del marco en el que se desenvuelve nuestra convivencia, como colectividades interrelacionadas e interdependientes, y condicionan nuestras expectativas de futuro.

Uno de esos asuntos es la monarquía: un tema muy espinoso, pero silenciado por el protagonismo de la pandemia. Se trata de la presunta actividad delictiva del Rey emérito, que está siendo investigada por la Justicia suiza a causa de una cuenta a su nombre utilizada para blanquear capitales y eludir impuestos.

Es un tema grave porque pone en cuestión la integridad moral de esta institución que encarna la Jefatura del Estado en España, un pilar básico del sistema democrático surgido con la Constitución de 1978. Tan grave para el crédito y la confianza de la Corona que el actual Rey de España, Felipe VI, se ha visto obligado a hacer público un comunicado oficial de la Casa Real para desvincularse de las actuaciones de su padre y renunciar a cualquier herencia que pudiera corresponderle, fruto de esas actividades presuntamente delictivas.

De esta manera, vuelve aflorar a la opinión el debate social sobre el régimen político del Estado, lo que acabará condicionando, no solo la política, sino también la convivencia serena y reflexiva de la población.

Porque la redefinición de nuestro Estado coexistirá con las tensiones territoriales que alimentan algunas regiones. No hay que olvidar que, aunque estemos confinados, el independentismo catalán vive sus horas bajas, pero sigue coleando. Continúa presionando donde y como puede para no ser ocultado por la coyuntura.

Así, un día exige, por ejemplo, el cierre de las fronteras catalanas –como si fuera un territorio independiente– para aislarse de la pandemia que asola España. Y otro día rechaza la colaboración que el Ejército pueda prestar en Cataluña durante la pandemia, viéndose obligado a rectificar más tarde, cuando se desbordan los casos, para solicitar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para desinfectar instalaciones.

Con todo ello, el Govern no persigue proteger a los catalanes, sino conseguir iniciativas que puedan interpretarse favorables al objetivo secesionista. No cejan en el empeño de utilizar el mal que a todos nos afecta para sus fines políticos, dividiendo a la sociedad en su conjunto. Un espectáculo sumamente triste.

Mientras tanto, el mundo sigue girando. En EE UU, donde su presidente, Donald Trump, se permitió minusvalorar la gravedad de la pandemia y aprovechar su aparición en China para profundizar su guerra comercial con aquel país, han tenido que adoptar también el aislamiento de la población, el uso de las mascarillas y el cierre de muchos comercios. Trump es reacio a tales medidas porque, para él y para muchos empresarios y magnates, lo que prima es la economía, no la salud y las vidas humanas.

El presidente de EE UU comparte el gen más radical o ultra de algunos republicanos, que se ofrecen hipócritamente a morir por el mercado, cuando los que mueren son las víctimas de sus políticas contrarias a una sanidad universal y a las ayudas a los más necesitados.

Sin embargo, hasta Donald Trump también ha tenido que rectificar, entre otros motivos, porque en noviembre los estadounidenses vuelven a las urnas. Trump es hábil con enemigos inventados –China. Venezuela, inmigrantes...– que le sirven para envalentonarse y lanzar amenazas apocalípticas de nulo efecto, pero es incapaz de lidiar con los problemas reales, como la pandemia del coronavirus.

La próxima campaña electoral le ha obligado a impulsar el plan de rescate económico más importante, por su cuantía, en la historia de EE UU. Ha tenido que abandonar su ideología de que el mercado satisfaga las necesidades de los ciudadanos para asumir la que permite al Estado protagonizar la atención de tales necesidades, como preconizan los “socialistas”. Es decir, ha debido de hacer lo contrario de lo que pregona el neoliberalismo que él lidera.

Y, para colmo, ha tenido que pedir la colaboración de China para compartir información con la que hallar soluciones a este problema mundial. Es una mutación absoluta de su ultranacionalismo aislacionista hacia un internacionalismo multilateral. Y todo para no verse sobrepasado como un completo inútil en la gestión de esta pandemia que ya ha convertido a EE UU en el país con mayor número de infectados del mundo. ¡Cuántos sapos para ganar la reelección!

Pero no reniega a su condición de matón. Para compensar tantas renuncias ideológicas, cual sheriff del Oeste, Trump ha puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro, ofreciendo una recompensa a quien consiga derrocarlo en Venezuela. ¡Quince millones de dólares por su captura! Lo que no consigue con la política, incluso con los embargos, lo quiere lograr con la avaricia de los mercenarios.

Es la única estrategia que le queda para expulsar a Maduro, al que considera un dictador, del poder del país sudamericano, y que cuestiona la política y el derecho que se arroga el poderoso vecino del Norte para interferir en el resto del continente.

Es probable que el presidente venezolano pueda ser considerado un dictador, pero tanto como pueden serlo Putin en Rusia o Netanyahu en Israel, incluso Xi Jimping en China y, desde luego, Mohamed bin Salmán en Arabia Saudita. Todos ellos pretenden eternizarse en el poder y/o manipular las elecciones a su antojo para mantenerse en el cargo. Pero a ninguno, sin embargo, EE UU le ha puesto una recompensa para liquidarlos, como a Nicolás Maduro.

¿Qué ojeriza tiene Trump con Venezuela? Simplemente, intereses geopolíticos en una región que cree de su incumbencia, como considera a todo el continente americano. Ningún país gobernado por líderes o partidos de izquierdas han sido tolerados en ese “patio trasero” de EE UU y, tarde o temprano, máximo si poseen capacidad de autosuficiencia y de irradiar su ejemplo, como Venezuela con su petróleo, han sido barridos a las malas o a las buenas del poder. Como las cañoneras están mal vistas en estos tiempos, se recurre a manijeros locales, a los embargos y, ahora, a los cazarrecompensas, antes que acudir a las bombas de crucero y los marines.

Todo esto –y más– sucede mientras permanecemos en nuestras casas desde hace más de dos semanas, sin que apenas nos demos cuenta. La repercusión de tales hechos se notará en nuestras rutinas cuando vuelvan a la normalidad, ya sea cambiando las reglas en las relaciones internacionales, en la política nacional o en el precio de las energías. Así que preparémonos para cuando recuperemos la capacidad de seguir la actualidad en toda su complejidad y diversidad. No ha dejado nunca de actuar e influir en nuestras formas de vida.

DANIEL GUERRERO

23 de marzo de 2020

  • 23.3.20
Como si no acumulara suficiente desprestigio, una nueva mancha ha venido a empañar los brillos de la Corona real, aquella que cubre la cabeza inviolable y no sujeta a responsabilidad del Rey, aunque sea emérito. Parece que la fatalidad es el destino de una monarquía que nació de forma irregular, por capricho de un dictador; impuso “democráticamente” su legitimidad mediante un referendo sobre la Constitución que no ofrecía ninguna alternativa; actuó decisiva y ejemplarmente en momentos críticos de involución democrática, cuando los residuos del antiguo régimen pretendieron restaurar violentamente el fascismo; se le consintió un comportamiento personal licencioso e hipócrita, con sus amoríos y amistades de dudosa reputación; y ha acabado como empezó: el hijo repudiando al padre para salvar a la Corona.



Un historial nefasto para una institución que debe representar a los españoles, encarnar la Jefatura del Estado, y que aspira a eternizarse por vía consanguínea hereditaria. Tal vez esto último sea su mayor y más grave problema: que está condenada a un legado genético en el que no prima el mérito ni la capacidad, menos aún el refrendo soberano de la ciudadanía.

Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Rey emérito al ser jubilado del cargo y sucedido por su hijo Felipe, en quien abdicó en 2014, siempre fue un tipo campechano, sospechoso de trapicheos oscuros, aficiones privilegiadas (los elefantes de Botsuana y los yates de Palma de Mallorca lo atestiguan) y proclive a las malas compañías, todo lo cual le era tolerado mientras redundara en réditos para el país y a su empeño de abrirse al mundo, donde otras monarquías, como la saudí, lo acogían como un miembro de la familia, posibilitando unas relaciones que la vía diplomática no conseguía.

Pero su acceso al trono no fue voluntario ni elegido por sus “súbditos”, sino impuesto por un dictador que, tras salir victorioso de la guerra civil que había desatado contra la República, vio en aquel niño el instrumento para perpetuar su régimen autoritario en una monarquía reinstaurada, moldeada y “atada y bien atada” de acuerdo a sus gustos imperiales.

No respetó siquiera la línea de sucesión de una monarquía española de amplio recorrido histórico, sino que convirtió España en un reino a partir de un eslabón nuevo que Franco se encargó de educar y preparar para el futuro monárquico que él había planificado.

A tal efecto, promulgó una Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, convertida en ley fundamental de aquel régimen que dejaba todo previsto y aclarado. Tal es, sin duda, el “pecado original” de la monarquía parlamentaria que el rey Juan Carlos I, ejerciendo de jefe del Estado, quiso hacerse perdonar con el desempeño escrupuloso y constitucional, para dejar atrás la dictadura, de su papel arbitral en la política del sistema democrático surgido en 1978. No es cuestión, pues, de negarle méritos, porque es indudable que el rey Juan Carlos ha prestado grandes servicios al país como su más alto servidor público. Pero se los ha cobrado.

Durante sus más de 39 años de reinado, el Rey emérito compaginó su simpática y excelente imagen pública con sus tentaciones y avaricias, siempre al amparo del silencio y el respeto con los que su figura era tratada por los poderes públicos, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.

Una imagen reforzada por su decidida intervención a la hora de frenar, no secundándola, la intentona golpista del teniente coronel Tejero quien, al mando de un grupo de militares y guardias civiles más el apoyo civil de la ultraderecha, pretendió liquidar la neonata democracia con aquella orden de “quieto todo el mundo”, pronunciada, pistola en ristre, en el Congreso de Diputados, en febrero de 1981.

De eso hace ya muchos años y las rentas del prestigio no dan para vivir tanto. Menos aún si se dilapida la fortuna de manera insensata y deshonesta. Escándalos y abusos han arrinconado al rey Juan Carlos, despojándolo de la máscara de autoridad moral con que ocultaba sus vergüenzas, confiado en su impunidad constitucional.

Lo que se silenciaba pero se sabía o intuía, lo que tapaban los poderes públicos y protegían con celo los servicios de inteligencia, ha terminado por aflorar, imposible ya de contener la bola inmensa de sinvergonzonería que ha ido engordando con pasión real.

Ya no son simples affaires sentimentales, viajes secretos o imprudencias en safaris de piezas mayores. Ya son conductas indecorosas, corrupción y supuestos delitos cometidos bajo el manto protector de su inviolabilidad. Trapicheos de envergadura que afloran bajo las faldas de una de sus incontables “amigas”.

La cosa se conoce porque la Fiscalía de Suiza investiga el entramado societario de una cuenta en un banco de aquel país, Mirabaud, que recibió 100 millones de dólares en 2008, transferidos desde Arabia Saudí. Esa cuenta era controlada por la fundación Lucum, domiciliada en Panamá y administrada por testaferros, uno de los cuales es un primo del Rey emérito.

El primer beneficiario de la fundación y de la cuenta era don Juan Carlos. Y de esa cuenta salieron 65 millones de dólares, en 2012, como donativo a favor de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una amiga íntima del Rey, la que lo acompañó a Botsuana, aparecía junto a él en actos oficiales y le asesoraba en otros temas.

La misma cuenta de la que también salieron otros dos millones para otra “amiga” del Rey, Marta Gayá. Al parecer, esta forma de romper una relación sentimental ha sido una constante del monarca, ya que utilizó idéntico procedimiento cuando acabó su “amistad” con Bárbara Rey. Entonces la despreciada actriz española amagó con contar lo que sabía, fue sometida a amenazas y acabó recibiendo otro generoso “donativo”, como el que se repitió con Corinna, que la hizo callar para siempre.

Lo peligroso de todo ello no es la desfachatez faldera del monarca, sino los delitos fiscales y la corrupción que supuestamente deja traslucir el comportamiento licencioso del rey Juan Carlos. Porque, gracias a la labor de la justicia extranjera, puede seguirse ya la pista del dinero, cosa que en España ha sido imposible a causa de la inviolabilidad del Rey.

Por eso se sabe que el ingreso de 100 millones de dólares se produce después de firmarse un acuerdo comercial entre España y Arabia Saudí para la construcción del AVE a la Meca, un acuerdo facilitado por las relaciones “familiares” entre ambas monarquías y rematado con la entrega de la medalla del Toisón de Oro al soberano saudí. La justicia suiza investiga una trama dineraria que acabó engrosando la cuenta del Rey tras pasar por testaferros y empresas offshore, el recorrido habitual para camuflar dinero negro y comisiones opacas.

Y esa era, precisamente, la dedicación “oficial” de la amiguita del Rey, ser “comisionista”, como ella misma se definía. Mientras mantuvieron la relación, Corinna tuvo conocimiento y accedió a información sobre la trama de empresas, fundaciones y testaferros de los que el monarca presuntamente se ha servido para ocultar su patrimonio. Un patrimonio millonario acumulado durante años, cuya procedencia jamás se ha hecho pública y ha eludido siempre la acción fiscalizadora de Hacienda.

Lo grave del asunto, por tanto, es que descubre a un Rey que cobra comisiones aparte de su “sueldo”, oculta su dinero a través de una red de corrupción y practica la elusión fiscal para no pagar impuestos. Es decir, además de la moralidad farisea de una monarquía que se exhibe como católica practicante y casa a sus hijos según los ritos de esta confesión religiosa en suntuosas catedrales (mientras comete infidelidades, separaciones y nupcias con divorciadas...), la actuación del Rey emérito desvela que supuestamente es capaz de cometer delitos que su fuero privilegiado no permitía, al amparo de la inviolabilidad que lo protegía. Se ha comportado supuestamente como un delincuente real.

La inviolabilidad del jefe del Estado es un escudo legal para proteger la institución e impedir su desestabilización por medios judiciales o políticos, no para amparar conductas delictivas de las personas que la encarnan o representan.

Con todas sus salvaguardas y fueros institucionales, hasta el Rey está sometido a la igualdad ante la ley, como el resto de los ciudadanos. Por eso es muy grave lo realizado presuntamente por don Juan Carlos de Borbón. Tan grave que su hijo, el actual rey Felipe VI, se ha visto obligado a difundir, en pleno estado de confinamiento del país, un comunicado desligándose de las actuaciones de su progenitor, renunciando a toda herencia que pudiera corresponderle a él y a su hija, la princesa heredera del trono, de ese patrimonio oculto, reconociendo que no tenía conocimiento de tales actividades ni que fuera nombrado beneficiario de su entramado societario y anunciando que avisó a las “autoridades competentes” de todo ello.

Ha tenido, pues, que “matar” a su padre para defender la monarquía, como su padre tuvo que hacer con su abuelo, que también tenía dinero en Suiza, para poder ponerse la corona que Franco le entregó arbitrariamente, en un acto autoritario más del dictador para impedir que los españoles eligieran un futuro no diseñado por él.

Una gravedad que se acrecienta cuando, en el propio comunicado de la Casa Real, se informa de que el rey Felipe VI hacía un año que conocía todo este embrollo escandaloso de su padre por ocultar una fortuna en paraísos fiscales.

Y lo sabía porque, según detalla en el comunicado, en marzo de 2019 recibió una carta de un despacho de abogados londinense en la que le comunicaban que había sido designado como beneficiario de la fundación Lucun, cuando su padre muriese.

A pesar de ello, no es hasta ahora, un año después, cuando el Rey ha proporcionado esa respuesta contundente, que ha hecho pública la Casa Real, con la que se desliga de su padre, de sus actividades y de sus negocios cultos, renunciando a toda herencia que pudiera legarle, fruto de ese patrimonio oculto. Contundente, pero algo tarde.

Una sociedad madura como la española admite que sus próceres no sean las idílicas personas que se imaginan, mientras puedan ser reprendidas por la justicia cuando cometen delitos. Del Rey al porquero, tomos somos iguales ante las leyes, aunque algunos, en función de su cargo, posean fueros y privilegios que hagan más escrupulosa la acción de la justicia.

Y en estos tiempos en que se exige a la totalidad de la población el acatamiento estricto de las órdenes del Gobierno para guardar un confinamiento riguroso en sus domicilios, so pena de sanciones, hubiera sido deseable que el mensaje que el rey Felipe VI dirigió a la ciudadanía, agradeciendo su colaboración y responsabilidad por tales medidas sanitarias, incluyera alguna referencia a la responsabilidad de todos, incluyendo a su padre, en el respeto a la ley, de la que nadie está exento.

Hubiera sido un detalle de honestidad y lealtad hacia un pueblo, al que representa, que afronta estoicamente momentos de grandes dificultades. Entre otras cosas, porque tan letal es para la sociedad la epidemia del coronavirus como la existencia de un presunto delincuente real. Y ya que habla de una cosa podría también hablar de la otra.

DANIEL GUERRERO

17 de marzo de 2020

  • 17.3.20
España ha declarado el Estado de alarma por la pandemia del virus Covid-19 que nos está afectando. Sería aconsejable actuar con sensatez ante la emergencia. No es lo mismo un brote epidémico con un número contenido y delimitado de casos, que la duplicación de las cifras de contagio y fallecidos casi a diario. De apenas un centenar de infectados a cómputos de cuatro mil, con pronóstico de superar los diez mil contagiados, ya es motivo suficiente para la alarma.



Culpar ahora de lo que no se hizo antes, es cinismo, cuando no difamación interesada o partidista. El foco más importante de la epidemia, y hasta cierto punto desbocado, está en Madrid, y no es consecuencia de la manifestación del 8-M celebrada allí. Estas manifestaciones se realizaron en muchas otras ciudades del país, sin que hayan generado focos de infección semejantes. Tampoco lo justifica el volumen de la población madrileña.

Existen otras causas que intentan no explicitarse abiertamente. Se trata, en definitiva, de la Comunidad donde se hicieron más recortes en la sanidad y se privatizaron más hospitales, precisamente por parte del partido que actualmente gobierna el Ayuntamiento y la Comunidad, y el que preside el actual líder de la oposición, que exige responsabilidades y dictamina culpabilidades cada día. Sería exigible mayor corresponsabilidad ante una emergencia de esta naturaleza, de índole global.

La enfermedad que provoca el virus tiene un periodo de incubación de cinco o seis días, por lo que existen personas infectadas que no presentan síntomas, pero que pueden contagiar la enfermedad y extenderla. Tal probabilidad exige precaución (limitación) en los movimientos y en las relaciones interpersonales.

Pero la precaución no es sinónimo de miedo o paranoia, mucho menos de terror o pánico. Hacer acopios de alimentos o medicinas es una actitud irracional. No estamos en guerra ni se va a producir situaciones de desabastecimiento en el país, menos aún durante el Estado de alerta decretado.

Hay que evitar, eso sí, los contactos físicos (darse la mano, abrazos, besos), no las relaciones con gente sana. Mantener una distancia de algo más de un metro, para evitar estar expuestos a emisiones que se expulsan al hablar y respirar, es prudente, pero no significa el rechazo o la huida de los otros como si fueran unos apestados.

Sin embargo, el roce y la cercanía casi íntima que se produce en aglomeraciones y sitios cerrados sin ventilación están totalmente contraindicados, hay que rechazarlos. Entre un extremo y el otro se halla el término medio espacial de la sensatez.

Tampoco hay que interpretar las medidas de aislamiento como unas vacaciones extras que se pueden aprovechar para viajar o hacer turismo. Ello supondría propagar la infección a otras zonas afortunadamente libres de ella. Los desplazamientos deben evitarse, si no es por causa de fuerza mayor.

El número creciente de contagios, que se multiplican a diario de manera casi exponencial, justifica la alarma decretada por el Gobierno. Las medidas adoptadas, que requieren de la responsabilidad individual de todos, responden a protocolos establecidos para reducir la propagación y contener la expansión de la epidemia, no a causa de su letalidad.

Si alguien sospecha, por los síntomas que presenta, que se ha contagiado, debe guardar aislamiento en su propio domicilio y llamar a los teléfonos de emergencia para que le informen de la conducta y actuaciones que debe seguir, según su estado.

No hay que acudir a los hospitales por la mera aparición de síntomas leves de gripe o fiebre que no supera los 38ºC, puesto que los hospitales ya están colapsados con la presente crisis y demás patologías a las que deben enfrentarse habitualmente. Las camas disponibles han de reservarse para casos de mayor gravedad que ponen en peligro la vida de los pacientes.

El virus de la actual epidemia no tiene tratamiento, de momento. Muchas de las epidemias virales de los últimos años se deben al contagio por virus de animales que saltan al ser humano, y surgen en zonas con deficientes medidas higiénicas, tanto en animales como en personas. De ahí que estas epidemias se originen, habitualmente, en países en vías de desarrollo, desde donde se transmiten al resto del mundo hasta tanto se disponen de instrumentos de control terapéutico (fármacos, vacunas, etcétera.)

La industria farmacéutica, radicada en países ricos, no investiga ni elabora medicamentos para agentes potencialmente nocivos pero improbables, como los virus de animales, sino para enfermedades existentes, que afectan a grandes sectores de la población, que permiten rentabilizar la inversión en investigación y elaboración que han desarrollado en sus laboratorios.

Tampoco suele fabricar fármacos para poblaciones con poca capacidad económica, en las que es difícil obtener grandes beneficios. Todo ello explica la relativa proliferación de estas nuevas enfermedades víricas, desconocidas hasta la fecha, y la sorprendente vulnerabilidad que exhibimos frente a ellas. No las atendemos (estudiamos) ni nos prevenimos (preparamos fármacos contra ellas).

Todo lo cual nos obliga a la responsabilidad, la sensatez y la paciencia para hacer frente al virus, aunque no estemos acostumbrados a permanecer encerrados, no solo en nuestros hogares, sino con nosotros mismos y nuestras neuras. Quince días es poco tiempo, pero me temo que nos parecerá una eternidad, además de un problema para los que no saben qué hacer con los hijos ni a quién dejárselos, pierden el empleo, dejan de ganar dinero en sus negocios o se ven forzados a adelantar sus vacaciones. Un follón.

DANIEL GUERRERO

9 de marzo de 2020

  • 9.3.20
Una epidemia que amenaza con convertirse en pandemia, provocada por un virus nuevo y desconocido hasta la fecha, que hizo su aparición en un remoto rincón de China, causando una especie de gripe sumamente contagiosa y de relativa letalidad, ha desatado cierta histeria conforme, gracias a la facilidad de desplazamientos del mundo moderno, se extiende por Asia y Europa, principalmente, como un fantasma que recorre el mundo, poniendo en jaque no solo las capacidades sanitarias por atajarla, sino también la economía de los países a los que alcanza la infección. Y es que el virus se ha vuelto viral.



Dicho germen, denominado coronavirus COVID-19, pertenece a una familia amplia de virus, entre los que hay que causan enfermedad en los humanos, y otros en los animales. Al parecer, el patógeno que está propagándose por el mundo se originó en los murciélagos, sin que se sepa todavía cómo saltó a las personas, si bien directamente o a través de otro animal intermedio que hizo de huésped.

Sea como fuese, lo cierto es que desde que surgió el primer brote en Wuhan, China, país donde ha contagiado cerca de 80.000 personas y provocado la muerte de más de 2.700 de ellas, en su mayoría personas de edad avanzada y con otras patologías previas, el virus se ha extendido con inusitada rapidez a más de 78 países, como Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, EE UU, Argelia, México y España, por citar algunos de ellos. El número de fallecidos en todo el mundo supera ya las 3.200 personas. No se trata, por tanto, de una infección benigna ni localizada, sino de una enfermedad importante y, por ahora, descontrolada.

Que sea importante no quiere decir que sea grave, aunque la mortandad que puede provocar depende más del estado de salud previo de las personas que de la letalidad del virus. Los síntomas respiratorios que genera pueden complicar patologías existentes en las personas a las que infecta.

No obstante, la alarma que desata la infección está justificada por su enorme capacidad para propagarse entre la población, sin detenerse en fronteras o mares, una capacidad de contagio que hace que cada infectado se convierta en un foco que irradia, a su vez, la enfermedad a su entorno cercano, multiplicando exponencialmente los contagios. Esto es lo importante de este virus, no tan letal pero sumamente infeccioso.

Combatir su propagación es complicado, pero imprescindible. Ello implica el control de movimientos de las personas desde las zonas afectadas a las que están libres de contagio. Y de hacer guardar cuarentena a los pacientes diagnosticados con la infección y portadores del virus.

Por sentido común, es recomendable evitar las concentraciones multitudinarias en estadios, festivales, congresos y otros eventos de esta naturaleza. Pero, sobre todo, lleva a todo el mundo a retomar los hábitos de higiene básicos que pudieran haberse relajado con la rutina y la confianza, como es lavarse siempre las manos, no compartir utensilios de comida ni vasos, no toser al aire ni taparse la boca con las manos, sino sobre un pañuelo o el antebrazo y evitar estar expuestos a ambientes cerrados sin ventilación.

Y al menor síntoma, no correr a los hospitales o las urgencias, sino avisar a los servicios de emergencia para que indiquen el procedimiento a seguir. El simple confinamiento en el propio domicilio es, en la mayoría de los casos, suficiente para guardar cuarentena y atajar la propagación de la enfermedad. Con estas y otras medidas similares, se combate lo más preocupante de este virus, cual es su facilidad de contagio.

Su patogenicidad, en cambio, como advierte un viejo adagio médico, depende más del enfermo que de la enfermedad. Y como muchos otros virus, es probable que no tenga cura, es decir, que no se pueda vencer con algún fármaco que lo elimine. Pero si se podrá atenuar su virulencia mediante una vacuna que obligue al sistema inmune del organismo a crear anticuerpos que lo combatan.

Se dedican enormes esfuerzos en hallar una vacuna pronto. Además, para afrontar la sintomatología con que suelen presentarse estas enfermedades víricas respiratorias, se dispone de una amplia farmacopea que proporciona antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios, antitusígenos... de comprobada eficacia.

Sin embargo, no hay que banalizar la enfermedad ni tampoco percibirla como la peste del Siglo XXI. Cada pocos años se detectan nuevos gérmenes patógenos que nos obligan a buscar remedios para contenerlos, cuando no vencerlos. El COVID-19 puede que acabe como otro virus más que nos acecha durante el invierno, causándonos una especie de gripe distinta.

En esta ocasión, aparte del daño a la salud, su rápida propagación está originando un importante deterioro de la actividad económica y del comercio, debido al cierre de industrias, el aislamiento de personas y el control de movimientos.

Ya existen problemas de abastecimientos en piezas de automóviles, teléfonos, aviones y demás artículos que se fabrican por separado en todo el mundo. Y una caída de la actividad económica en determinados sectores productivos, como el turismo, la hostelería, la restauración, etc., lo que, de continuar, podría abocar a una recesión económica de inimaginables consecuencias para el empleo y la riqueza en muchos países.

No cabe duda, pues, que esta crisis sanitaria mundial, provocada por un virus novedoso, más que grave es importante. Preocupa más su capacidad de contagio que su letalidad, y preocupa su efecto adverso sobre una economía globalizada e interdependiente, que no puede permitirse el lujo de ser ajena al aleteo de una mariposa en las antípodas.

De ahí que se hagan ímprobos esfuerzos, en todos los países en que ha aparecido, para combatirla, estabilizarla y, si no se solventa, integrarla en el cuadro de afecciones periódicas con las que convivimos, y mantenerla controlada. Sin alarmismos ni banalizaciones, hay que interrumpir la viralidad de este virus que golpea la salud de las personas y la economía de las naciones.

DANIEL GUERRERO


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