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Mostrando entradas con la etiqueta Lienzo de Babel [Daniel Guerrero]. Mostrar todas las entradas
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30 de diciembre de 2019

  • 30.12.19
Vamos a despedir 2019 con una sensación de tiempo perdido, un tiempo malgastado en complicar los problemas en vez de resolverlos y de vivir en permanente estado de ansiedad, como si cabalgásemos un tigre imposible de domar. Estamos a punto de concluir estos 365 días y parece que volvemos a la casilla de salida para encontrar los mismos asuntos que ya nos habían malogrado el curso anterior. Ejemplo de este déjà vu es que seguimos sin Gobierno estable que pueda agotar la Legislatura, igual que en diciembre de 2018.



Y en esas estamos. Este año, para colmo, se han tenido celebrar dos elecciones generales (abril y noviembre) por la incapacidad de los elegidos de investir a un presidente de Gobierno. Por esa falta de acuerdo en los partidos sentados en el Congreso, llevamos instalados en la inestabilidad desde hace cerca de un lustro.

Sería, pues, una vergüenza que se tuvieran que convocar unas terceras elecciones para lograr por cansancio lo que no se consigue con diálogo y entendimiento: votar al candidato propuesto por el Rey y posibilitar que la minoría mayoritaria, puesto que nadie dispone de mayoría absoluta, pueda formar un Gobierno duradero.

Salvo esos parlamentarios, todo el país, desde la patronal a los sindicatos, la judicatura y las finanzas, las comunidades autónomas y la enseñanza, por citar algunos sectores, pide que se constituya sin tardanza un Gobierno que haga frente a los retos que tenemos pendientes en espera de decisiones.

Llevamos dos años con un presupuesto prorrogado, que es una irresponsabilidad que lastra el progreso y la economía de España. Y los únicos culpables de esta situación son los que no se avienen al entendimiento para conformar el Poder Ejecutivo.

Nuestros representantes no consiguen comportarse con ese espíritu de Estado que permite atender los intereses generales del país antes que los intereses partidistas. Son ellos, nuestros elegidos, los que nos han hecho desperdiciar todo este año, que a punto está de finalizar, con gobiernos en funciones desde que triunfara la moción de censura socialista contra el segundo Gobierno conservador de Mariano Rajoy, en mayo de 2018.

Ojalá 2020 nos permita disponer, al fin, de un Gobierno en España que no sea provisional y que se dedique durante cuatro años a administrar nuestros asuntos con entrega, responsabilidad y acierto. Espero que no sea mucho pedir.

La desconfianza no es infundada. Persiste todavía el “problema catalán” y serán diputados de un partido independentista los que tendrán que favorecer, con su abstención, la constitución de un Ejecutivo con ambición de agotar la Legislatura. Un problema que sigue enroscado en la demanda de una parte importante de la sociedad catalana de un supuesto “derecho a decidir” y de una legalidad constitucional que saltaría por los aires si aceptase la posibilidad de unas actuaciones que afectan a la unidad del Estado (independencia de una región) y la soberanía popular (decidiría sólo una parte del pueblo español).

La aplicación de las leyes ha llevado a juicio y ha condenado a los cabecillas de esas formaciones independentistas que convocaron un referéndum ilegal y declararon una independencia fugaz en Cataluña, cometiendo delitos de sedición y malversación de fondos públicos, entre otros.

Algunos de esos líderes, cuando permanecían en prisión provisional y gozaban de sus derechos cívicos, resultaron elegidos diputados del Parlamento Europeo, pero no pudieron recoger su acta ni tomar posesión de sus escaños por estar recluidos.

Un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea les ha reconocido su condición como tales y, por consiguiente, la inmunidad que, como cargos electos, les libraría de permanecer en prisión, en contra de la sentencia en firme del Tribunal Supremo.

Y la exigencia de una valoración al respecto por parte de la Abogacía del Estado es lo que impide, hasta ahora, que los independentistas apoyen la investidura del candidato y la constitución de un nuevo Gobierno. De ahí que sigamos instalados en la incertidumbre y la inestabilidad.

En cambio, en Andalucía continúa al frente de la Junta el Gobierno formado por el Partido Popular y Ciudadanos, las dos formaciones conservadoras que podrían desbloquear la ingobernabilidad de la Nación. Llevan casi un año en el poder con más errores que aciertos, pero con una enorme habilidad propagandística para rentabilizar sus acciones.

Hacen alarde de medidas sociales y progresistas mientras, al mismo tiempo, recortan gastos en servicios públicos y limitan derechos (protección a las víctimas de la violencia machista). Así, publicitan grandes “planes de choque” contra las listas de espera médica y, paralelamente, cierran centros de Salud en plenas vacaciones (verano y Navidad) y dejan de sustituir las bajas de los profesionales. Las concentraciones y manifestaciones de los trabajadores sanitarios son continuas.

Poco a poco, el Gobierno andaluz va implementando políticas neoliberales que benefician a los que más tienen y perjudican a los más necesitados, al deteriorar los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia...) e incentivar la iniciativa privada.

La labor de zapa de lo público es lenta pero imparable. Y tiene su coste: el goteo de altos cargos dimitidos o cesados este año (más de una treintena) ha sido constante, bien por diferencias en la gestión, bien por la remuneración del cargo, bien por incompatibilidades con la actividad privada. El balance es un Gobierno en permanente remoción de su personal de alta dirección.

Precisamente, ese Gobierno conservador de Andalucía, al poco de tomar posesión (enero 2019) tuvo que enfrentarse al mayor problema infeccioso de los últimos años en España: el contagio con listeriosis de más de un centenar de personas por consumir carne mechada contaminada y no haber sido detectada por los controles de Sanidad.

A causa de la infección, tres personas fallecieron y se produjeron varios abortos, además de tener que ingresar en los hospitales a decenas de víctimas del brote de listeriosis para ser sometidas a tratamiento antibiótico preventivo.

Una empresa sevillana, Magrudis, comercializaba la carne contaminada a pesar de tener constancia de ello y sin que los controles sanitarios, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía (que se cruzaron reproches mutuamente) lo detectara ni lo previniera. Sea como fuese, el daño a la salud de las personas, con víctimas mortales, y a la industria cárnica (con una caída de las ventas del 60 por ciento) fue considerable. Y nadie ha dimitido ni ha sido cesado por ello.

Y ha sido en Andalucía, también, donde la corrupción política ha sido duramente castigada por los tribunales. Dos expresidentes de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y otros ex altos cargos de la etapa de gobiernos socialistas han sido condenados por la Audiencia de Sevilla a penas de prisión e inhabilitación, según los casos, por el llamado caso ERE.

Se trata de la trama que desvió fondos destinados a ayudar a empresas en crisis y trabajadores despedidos. Para ello se utilizaron mecanismos irregulares que carecían de control por parte de la Intervención de la Junta y que facilitaron la concesión de esas ayudas sociolaborales de manera arbitraria. Según la sentencia, existe responsabilidad penal en los políticos condenados, aunque no tuvieran ánimo de lucro personal.

Las tramas de corrupción política e institucional en España han salpicado a todos los partidos que han detentado la capacidad de gobernar desde que se instauró la democracia. Tanto PSOE como PP, así como la extinta CiU y PNV, por enumerar algunos partidos implicados, cuentan en su historial con escándalos de esta naturaleza. Y esta sentencia a líderes históricos del PSOE andaluz ha venido a poner freno a una lacra que ha contribuido a desprestigiar la política y a instalar en los ciudadanos la desconfianza y la indignación.

Pero este año, también, ha traído acontecimientos que nos han situado a la altura de las democracias con menos hipotecas con su pasado. En este 2019 se ha corregido la “anormalidad” democrática de tener enterrado a un dictador en un santuario religioso que se financia con dinero público donde era exaltado por los incondicionales del fascismo.

Tras un laborioso proceso judicial, promovido por los familiares para entorpecer la iniciativa, el Gobierno pudo exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos a un panteón familiar. Las criticas por una higiénica cuestión de decencia democrática no faltaron para una acción que contaba con el acuerdo parlamentario y gubernamental pertinente, sin que hasta entonces llegara a materializarse. Por fin, España recobra la normalidad democrática de situar en su sitio –como hizo Alemania con Hitler o Italia con Mussolini– a los personajes que protagonizaron las páginas más negras de su historia.

Como colofón a este resumen podría citarse la vigésimo quinta Cumbre del Clima (COP25) celebrada en Madrid, organizada por la ONU, y que debía celebrarse en Chile, país que la presidió. Se trata de una Conferencia, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que líderes mundiales de los países comprometidos se reúnen para adoptar medidas tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el calentamiento de la atmósfera.

En una cumbre anterior, la de 2015, se adoptó el Acuerdo de París (del que se salió Estados Unidos), ratificado por casi 200 países, con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados y hacer más esfuerzos para que no supere los 1,5 respecto a las temperaturas preindustriales. Ello solo es posible reduciendo el volumen de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Pero el acuerdo adoptado en Madrid, denominado “Chile-Madrid, Tiempo de Actuar”, no fue ambicioso por las discrepancias entre países. Los principales emisores de gases (China, India, Estados Unidos y Rusia) se negaron a aumentar sus restricciones contaminantes, por lo que, de seguir las emisiones a los ritmos actuales, 2019 marcará nuevos récords en incremento de temperatura y de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Como señaló la presidenta de la COP25, Carolina Schmidt, “los acuerdos alcanzados no son suficientes para afrontar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático” que ya estamos sufriendo. Una desgracia para el mundo y los que vivimos en él, aunque la organización española del evento fuera todo un éxito.

DANIEL GUERRERO

23 de diciembre de 2019

  • 23.12.19
Boris Johnson consiguió una victoria rotunda en las elecciones generales del Reino Unido del pasado 12 de diciembre y dispondrá de una holgada mayoría absoluta en el Parlamento británico para acometer definitivamente la salida del país de la Unión Europea.



El partido conservador, con el locuaz líder que ha revalidado el cargo, ha arrasado, incluso, en aquellas circunscripciones que tradicionalmente votaban socialista, no gracias a la charlatanería del político “tory”, sino por el rechazo que provocaba el líder izquierdista, Jeremy Corbyn, incapaz de mantener un criterio claro sobre el dichoso Brexit e intentar disimularlo con propuestas extemporáneas que acabaron infringiendo la mayor derrota al Partido Laborista desde 1935.

Es así como el primer ministro de pelo alborotado sólo precisó de no meter mucho la pata para atraer en torno a su candidatura a los descontentos de uno y otro lado, tanto de los partidarios de abandonar ya la UE como de los que confiaban permanecer en ella, en la esperanza común de dar carpetazo a un embrollo que mantiene dividida a la sociedad inglesa y que se alimenta de falsas promesas, cuando no de burdas mentiras.

Tantas son las leyendas, exageraciones y desinformación que, cual capas de cebolla, han estado engordando la propuesta del Brexit, desde mucho antes del referéndum de 2016, que, lo que no consiguieron políticos serios de anteriores gobiernos en agotadoras negociaciones y votaciones, lo ha logrado un populista simpático, charlatán y embustero con la promesa de abandonar las instituciones comunitarias el próximo 31 de enero y aumentar significativamente las inversiones públicas, sobre todo en sanidad y gasto social, para compensar la “desconexión” económica y la polarización de los ciudadanos.

Ha sido una campaña intensa de demagogia que ha tenido la ayuda, sin que sea tachada de injerencia, del “siamés” norteamericano, Donald Trump, con sus reiteradas invitaciones a establecer el mayor tratado de libre comercio jamás firmado entre ambos países, una vez que el Reino Unido haya soltado amarras con la UE, naturalmente.

Sin disimular su entrometimiento, el aliado americano proponía que se desentendiera de Europa para que se atara a EE UU y priorizar, así, unas relaciones bilaterales que sustituyeran el multilateralismo que predica Europa. Solos y desunidos en vez de compartir el proyecto común europeo.

Y, si no se produce un milagro, el Reino Unido de Boris Johnson va a seguir el consejo y abandonará la Unión Europea, gracias a la labor de los euroescépticos y los populistas, cuyas promesas saben ganarse a los descontentos e insatisfechos en nuestras “líquidas” sociedades modernas.

Pertenecer a un club, como es la Unión Europa, sin disfrutar de privilegios no les parece ventajoso a los renegados ingleses que se disponen a dar el portazo. Y para justificarse, aseguran que todos los problemas de Gran Bretaña son por causa de su adhesión a la UE. O de los otros, los demás, los de fuera, focalizados en el inmigrante, la globalización, las decisiones de Bruselas, una diversidad que nos hace temer por la propia identidad...

Es el argumentario de todos los populismos ultranacionalistas, de izquierdas o derechas, con sus promesas de soluciones simples para los complejos problemas que afectan a sus naciones, y que, sin tener que demostrar su viabilidad, consiguen atraerse a los indecisos, a los castigados por todas las crisis (política, económica, social, religiosa, cultural), a los parados, a los xenófobos y hasta a los que predican la “esencia” racial y cultural de la que se erigen valedores.

El premier inglés ha sabido manejar el oportunismo populista y la manipulación descarada para ganarse el éxito en esas elecciones. Y no ha dudado en hacer uso de la mentira para conseguir sus propósitos, como ya venía haciendo desde que era un simple periodista contrario a la Unión Europea.

Va a hacer ahora como primer ministro lo que hacía como periodista, cuando era corresponsal en la capital europea: no dejar que los hechos le estropearan su relato. El cúmulo de invenciones y mentiras de su historial periodístico haría avergonzar a cualquier estudiante de Comunicación. A él le ha servido para transitar desde el euroescepticismo a Downing Street, sin cambiar de estilo y sin despeinarse, si esto último no fuera un sinsentido.

De ahí que, entre sus objetivos, figure también, junto al Brexit, “tener a raya” a la BBC, el ente público audiovisual inglés de sobrada reputación por su neutralidad informativa y calidad técnica. Y es por ello, por esas cualidades profesionales, que Johnson ha ordenado que ninguno de sus ministros acuda a un programa informativo de Radio 4, una de las emisoras de la corporación.

No perdona que la BBC no expresara un apoyo menos neutral a su candidatura y al Brexit. Vamos: que no se aviniera a manipular como él solía en sus tiempos de reportero. Y que fuera públicamente puesto en evidencia cuando un prestigioso entrevistador de la cadena le reprochó en directo, señalando todas las preguntas que pensaba formularle, que no hubiera querido participar en el programa, como hicieron los demás candidatos. Boris no fue porque sin demagogia y bulos no sabe responder a quien no se deja engañar con artificios verbales.

Pero es lo que han votado los ingleses, atrapados en el barrizal de las mentiras del Brexit y seducidos por la capacidad manipuladora de un oportunista populista. Por muchas promesas patriótico-populistas que haga, ahora tendrá que bregar con la realidad que entraña una nueva relación del Reino Unido con la UE, un futuro acuerdo comercial, otros tratados de defensa y seguridad, reelaborar intercambios educativos, financieros y empresariales, coordinar la protección de datos...

Ahora queda lo difícil y que difiere de aquellas exageraciones sobre la rapiña de Europa, los burócratas de Bruselas, las cesiones de soberanía, los mercados encorsetados y tantas otras patrañas aireadas para camuflar motivaciones ideológicas de los que están decididamente en contra del proyecto común europeo, aunque beneficie a sus países.

Con el Brexit, la elección de Boris Johnson y la desinformación de la que se valen, percibimos con claridad las intenciones de estos populismos oportunistas y a lo que debemos enfrentamos en nuestras confiadas democracias. Vemos cómo nos manipulan y cómo nos mienten.

DANIEL GUERRERO

16 de diciembre de 2019

  • 16.12.19
Tras un año instalado en el Gobierno de Andalucía, el Partido Popular (PP) ha encontrado tres cajas fuertes que supuestamente estaban “ocultas” en la sede de la Agencia pública IDEA, dentro de las cuales fueron hallados documentos en sobres lacrados relativos a los ERE que podrían suponer nuevas pruebas sobre aquel escándalo que afecta a los gobiernos anteriores del PSOE y por el que han sido condenados dos expresidentes y otros ex altos cargos socialistas.



Al parecer, en algunos de esos papeles, entre escrituras, copias y otros documentos, figuran dos convenios suscritos en 1998 por la Junta de Andalucía, “sin membrete y sin pasar por la Intervención”, pero firmados por el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y el vicepresidente de la empresa Campofrío, cuya filial en Jaén, Campocarne, los utilizaría para crear 300 puestos de trabajo, en los que consta que el Gobierno andaluz se comprometía a no reclamar la devolución de unas ayudas que la UE consideró finalmente como ilegales y competencia desleal.

La noticia, dada a conocer en rueda de prensa por el consejero andaluz de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, resulta sorprendente, no por inverosímil, sino por su sospechosa “oportunidad”, que incluye el teatral tono de gravedad y alarma mostrado por el político conservador.

Se suma a otras denuncias similares que, desde que el PP desalojó al PSOE del poder, han sido hechas públicas de una manera tan escalonada que parecen responder más al deseo por mantener la sospecha permanente sobre gobiernos anteriores que por dilucidar responsabilidades y subsanar errores.

Todas ellas tienen en común el desvelamiento de supuestas irregularidades, despilfarros y falta de control cometidos durante la extensa época (33 años) de gobiernos socialistas en Andalucía. Después de la sentencia de los ERE, las listas de espera en Sanidad y las vacunas no utilizadas, ahora se añaden los papeles ocultos, que han sido enviados a la Fiscalía.

Y llama la atención, primero, porque el actual Gobierno andaluz, formado por PP y Ciudadanos (Cs), ha tardado un año en tropezar con unos archivadores no empotrados (al contrario que las cajas fuertes), tan grandes como armarios y dotados de cerradura en sus puertas, y leer la documentación que se guardaba en su interior. Todo un alarde de diligencia escrutadora en un ente al que el PP tenía, desde sus tiempos de oposición, como objeto de sus pesquisas sobre la corrupción y el clientelismo de los gobernantes socialistas.

Precisamente, la macrocausa sobre el llamado caso Avales, impulsada por ellos y que implicaba a directivos de la agencia, fue archivada por la jueza instructora el mismo día en que el Consejo de Gobierno conservador procedía a “descabezar” toda la cúpula directiva de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), un instrumento para dinamizar la economía regional mediante ayudas, préstamos y avales a pequeñas y medianas empresas, y la captación de inversiones en el extranjero. Tras ese carpetazo del caso y el nombramiento de nuevos directivos, aparecen de pronto, ahora, desconocidos archivadores y “papeles” que vuelven a comprometer a pasados gobiernos socialistas.

Es asimismo llamativo, en segundo lugar, que documentos de hace veinte años, que encubren fondos dispuestos arbitrariamente y sin sujeción a controles bajo la apariencia de préstamos que benefician a una empresa en concreto, lo que evidenciaría sendos delitos de prevaricación y malversación, se dejen sin más en un archivador de un organismo que pasa a ser dirigido por otro Gobierno de distinto color, sin que consten membretes, registros de entrada y salida y demás burocracia administrativa, salvo la rúbrica de las partes firmantes. Hay que ser muy torpes para no percatarse de “cajas fuertes” como roperos, pero más torpe aún para dejar pruebas documentales de arbitrariedades delictivas en los mismos.

Si no fuera, además, porque el sorprendente hallazgo en la Junta de Andalucía coincide curiosamente con otro hallazgo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP y Cs, de cerca de 200 adjudicaciones de contratos, realizadas entre 2009 y 2013 por diversas consejerías madrileñas en los tiempos de Esperanza Aguirre, que incluyen una cláusula que nutría la caja B del Partido Popular (financiación ilegal), similar a la que investiga un juez de la Audiencia Nacional de otras 50 adjudicaciones de la misma época en una pieza del caso Púnica, diríamos que sería demasiada casualidad tanta torpeza en abandonar y encontrar papeles en Andalucía. La “oportunidad” de un hallazgo, aunque se refiera a hechos diferentes, parece guardar cierta relación con otro hallazgo que afecta a la formación descubridora.

Y esa es una tercera paradoja: la credibilidad y la probidad del Partido Popular dejan mucho de desear, con sus mochilas bien cargadas de corrupción e irregularidades, para que en Andalucía quiera presentarse como ejemplo de Gobierno honrado y transparente, que denuncia y persigue el abuso, el despilfarro, el fraude y los delitos… siempre y tanto sean cometidos por otros.

Por ello, son tantas las cuestiones que llaman la atención en el “descubrimiento” de los papeles “olvidados” por los socialistas en Andalucía, y todas ellas apuntan a ejercicios de distracción, que nos sorprendería mucho que del mismo deriven repercusiones penales. La propagandística y mediática se da por descontada, lo que, tal vez, fuera su verdadero objetivo. No sería extraño, pues, que los “papeles” quedasen en simple papel mojado.

DANIEL GUERRERO

9 de diciembre de 2019

  • 9.12.19
Cuando las desigualdades sociales y la inequidad en la distribución de la riqueza surgen como consecuencia de la actividad económica es que el modelo se ha agotado y es imprescindible modificarlo. Ya no se trata de valorar que otra economía sea posible, como proclaman los soñadores, sino que hay que acometerla de manera inexorable, como reclaman los realistas, antes que el colapso de la economía condene a todos a la miseria.



En un mundo globalizado, en el que rige el sistema capitalista de forma hegemónica pero que aboca a graves problemas de concentración de la riqueza y peligrosas brechas o fracturas en la sociedad, se hace obligatorio reorientar el desarrollo económico y regular con mayor equidad la actividad productiva, de tal manera que el fruto de la economía, sin renunciar al capitalismo, reporte beneficios no solo económicos o financieros, sino también sociales y ambientales.

Es decir, una economía que haga posible una mejor y más eficiente distribución de la riqueza que sirva para amortiguar o disminuir las desigualdades que afloran entre países o en el seno de cada sociedad. Es por ello que es inevitable otra economía. Es perentoria.

Y, también, es factible, en tanto en cuanto la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social que ha de adaptarse a las circunstancias de cada época y a las necesidades de la población, a la que procura ofrecer un modelo válido para la producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios.

Si un modelo de economía falla, hay que cambiarlo, como se pide en la actualidad. De hecho, existen sesudos estudios que abordan la emergencia de las desigualdades a causa de procesos de acumulación del patrimonio y una distribución de los ingresos y la riqueza profundamente desequilibrados, por no decir injustos para el interés general.

No seré yo, profano en la materia, pero preocupado por lo que me afecta, quien determine la veracidad o lo errado de unos análisis que, como los de Thomas Piketty, economista e investigador de la Escuela de Economía de París, vienen a incidir en esta denuncia.

Y es que es evidente para cualquiera que las brechas sociales se multiplican y ahondan, favorecidas por un modelo económico que, en vez de repartir bienestar, genera desigualdad y conflictos sociales. La España despoblada –"vaciada", se dice ahora– y los falsos autónomos son síntomas indiscutibles de esas desigualdades que provocan una economía que tiende no solo a la concentración de la riqueza sino a la concentración urbana y a la explotación laboral.

Dejado a su arbitrio, un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en el mercado como mecanismo de asignación de recursos, por definición, no dejará de perseguir la obtención del máximo beneficio o rentabilidad al menor coste, estableciendo el lucro como única divisa.

Sin embargo, el interés general y la democracia deben controlar y regular su funcionamiento para que las contradicciones lógicas del sistema capitalista no socaven su propia viabilidad para la creación de riqueza, procurando nuevas normas de gobernanza de la economía que permitan una distribución de la riqueza con mayor equidad.

Los detentadores del capital y las empresas, como propietarios de los medios de producción, además de atender a los requerimientos del lucro, deberán responder a obligaciones sociales y ambientales, de manera que el crecimiento sea equilibrado y sostenible.

Toda inversión, en esa otra economía inevitable, ha de buscar no solo el beneficio financiero sino también social y ambiental. Entre otros motivos, porque con el aumento de las desigualdades, la extensión de la pobreza, la deforestación y la contaminación del medio ambiente y la persistencia de las brechas sociales, el actual sistema económico se vuelve ineficaz e insostenible para el futuro inmediato de cualquier sociedad y del mundo.

Como dice Piketty, “el asunto de la distribución de la riqueza es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los economistas”. Y la verdad es que a todos nos atañe… aunque sea en el bolsillo. Ya que, por nuestro desinterés e ignorancia, pasan estas cosas que nos venden por economía financiera: un vídeo colgado por Ramón Lobo en InfoLibre. Más que risa, causa indignación.

DANIEL GUERRERO

2 de diciembre de 2019

  • 2.12.19
Periódicamente surge la polémica sobre los colegios concertados, la mayoría de ellos de titularidad católica, y el supuesto derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y el centro donde escolarizarlos. La última diatriba la generó unas manifestaciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, en las que aclaraba que la Constitución española no consagra, específicamente, el derecho a elegir centro.



Estas afirmaciones de la también portavoz del Gobierno han soliviantado a la patronal de la enseñanza concertada, a los portavoces de los partidos de la derecha y a los obispos de la Iglesia católica. Con tantas voces en algarabía, más parece que asistimos a un conflicto de intereses o ideológico que educativo.

La escolarización en España es obligatoria y el Estado garantiza que cada alumno tenga acceso al nivel de enseñanza que corresponda por edad. Para ello, la Administración crea y dispone de colegios públicos que imparten desde la Educación Primaria hasta la Secundaria Obligatoria (de 6 a 16 años). También dispone de centros reglados de ciclos de Bachillerato y Formación Profesional para aquellos alumnos que finalizan la etapa básica obligatoria y aspiran continuar estudiando (16 a 18 años).

Una vez cursados los niveles de Bachillerato o los grados superiores de Formación Profesional se puede acceder a la Universidad, lo que se facilita mediante becas de estudio en función del rendimiento académico y la capacidad económica familiar.

En otras palabras, desde que se sale de la guardería y se llega a las puertas de la Universidad, todo español tiene garantizado su derecho a la educación y dispone de colegios públicos en los que recibir la formación correspondiente. Esta red estatal de centros de enseñanza es, como no podía ser de otro modo, pública y laica, y adecuada al tipo de enseñanza y modelo educativo que el Estado determina mediante la preceptiva Ley Orgánica que ordena y regula el sistema educativo de España.

Pero, además, y de forma complementaria, existen centros de titularidad privada con los que la Administración suscribe acuerdos para escolarizar aquellos alumnos que, bien no disponen de un centro público en la zona, o bien son elegidos por sus padres, fundamentalmente, por dos razones: la orientación religiosa (católica, por supuesto) o el nivel socioeconómico del alumnado.

La concertación se estableció en 1985, mediante la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), para universalizar la enseñanza básica, obligatoria y gratuita, y porque no existían centros públicos suficientes para cubrir tal objetivo. Con esta opción, el Estado financia determinados centros privados que se integran en el sistema, obligándolos a adoptar los mismos requisitos de admisión y funcionamientos que los públicos; al menos, en teoría.

Este sistema, que en principio era “provisional” hasta tanto la red pública satisficiera toda la demanda, se complicó cuando se transfirieron las competencias educativas a las comunidades autónomas, ya que éstas podían incrementar las unidades concertadas de colegios privados. Y, de hecho, las gobernadas por partidos conservadores, concretamente el Partido Popular, aumentaron la “ratio” de concertados en la enseñanza obligatoria, conforme a su ideario favorable a la iniciativa privada y, por tanto, a la educación y centros de carácter privados.

Ello ha ayudado a cronificar –en vez de erradicar: objetivo de la educación– las desigualdades por barrios, ciudades y regiones, provocando una especie de gentrificación de la educación. Tal “elitización” del alumnado se consigue, aunque en puridad no tengan permitido seleccionarlo, al imponer cuotas “voluntarias” que no todas las familias pueden abonar, con las que “filtran” el acceso de alumnos pertenecientes a los estratos sociales más pudientes. De ahí que la implantación de los centros concertados se concentre en zonas de mayor renta y en territorios gobernados tradicionalmente por la derecha.

Es lo que explica, por ejemplo, que la mayor concentración de centros concertados radique en el País Vasco, Madrid, Navarra, Islas Baleares, La Rioja, Cataluña y Castilla y León, y que la escuela pública acoja al 80 por ciento de los alumnos inmigrantes, pese a escolarizar el 70 por ciento de la población total, y la concertada un escaso 14 por ciento de inmigrantes, con cerca del 30 por ciento del total de alumnos.

Sea como fuere, la realidad es que casi el 30 por ciento de la enseñanza obligatoria es concertada y que seis de cada diez centros pertenecen a la Iglesia católica o fundaciones de su órbita, lo que acarrea un gasto de más de 6.000 millones de euros en subvenciones cada año a las arcas del Estado. Se habla, por tanto, de dinero e intereses materiales, no de educación, cuando nos referimos a un supuesto derecho de las familias a elegir colegio para sus hijos. ¿Existe tal derecho reconocido en la Constitución? Ni por asomo.

El texto constitucional recoge (artículo 27) que “todos tienen el derecho a la educación”. Y en su apartado 3, que “los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Esa formación religiosa, como demandan los padres para sus hijos, no supone que tengan que recibirla necesariamente en un centro religioso. Para cumplir el mandato constitucional, basta con disponer de profesores de religión –o ética– en la enseñanza pública, como está previsto.

La Constitución no reconoce, pues, el derecho a elegir centro, sino a recibir enseñanza religiosa de acuerdo con las convicciones de los padres. Y es por ello que no se conciertan centros privados para impartir clases de religión, sino para dotar al sistema público de la capacidad suficiente de instalaciones de enseñanza que permita cumplir el mandato constitucional del “derecho a la educación”.

Pero de ahí hasta la elección de centro va un trecho, y es el que la polémica le gusta transitar periódicamente, empedrándolo de manipulaciones interesadas y malintencionadas, cuando percibe que sus privilegios mercantiles (centros privados) e ideológicos (la Iglesia y la derecha) se ven cuestionados y podrían dejar de depender del dinero de todos.

Tener clara esta cuestión es pertinente. Por eso, lo que dijo la ministra no fue una provocación ni un “lapsus”, sino una oportuna precisión ante la exigencia por parte de determinados sectores sociales que persiguen imponer sus intereses al resto de la sociedad, implorando supuestos derechos que, en realidad, no existen. Sectores con intenciones evidentes, porque no plantean discusiones sobre la calidad de la enseñanza ni planes educativos o pedagógicos que aparten esta materia de Estado de la diatriba política.

Solo sacan las uñas cuando ven peligrar su trozo de la tarta presupuestaria que creen poder exigir, enarbolando un supuesto derecho de los padres a elegir centro, para su particular beneficio (insisto: económico e ideológico).

Ya es hora de que el Estado asuma íntegramente el deber de satisfacer a los ciudadanos “el derecho a la educación”, sin necesidad de recurrir a “conciertos” complementarios. Solo así se podrá separar definitivamente la educación del adoctrinamiento, puesto que los que deseen “asignaturas” adicionales –como Religión, Ufología o Nigromancia, por poner algunos ejemplos– tendrán que costearlas de forma particular, y fuera del ámbito y horario escolar. Como cualquier actividad extraescolar. La educación, como derecho de todos, es otra cosa.

DANIEL GUERRERO

25 de noviembre de 2019

  • 25.11.19
La Audiencia de Sevilla dictó el pasado martes su esperada sentencia sobre el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por la que condena a dos expresidentes y otros altos cargos de la Junta de Andalucía, de la etapa anterior de gobiernos socialistas, a penas contundentes de prisión e inhabilitación, según los casos y la gravedad de los delitos cometidos y, después del fallo del tribunal, comprobados judicialmente.



Es, por tanto, una noticia triste y bochornosa para el socialismo andaluz, que ve cómo la dirigencia que pilotó toda una etapa de gobiernos del PSOE en Andalucía durante decenios acaba en entredicho en los tribunales y condenada por prevaricación y malversación de fondos públicos.

Lo investigado por la juez Mercedes Alaya, primera instructora del caso, y dilucidado en la sentencia, avergüenza a todos pero, especialmente, a los seguidores de esa ideología y al votante de unas siglas históricas. Porque, aunque no se haya enjuiciado al socialismo ni al partido que lo representa, sí se ha condenado a la antigua cúpula que lo dirigió y con la que se cometieron los graves hechos investigados.

Será difícil mantener, en medio de la vergüenza ajena y el señalamiento hipócrita de otros, la confianza en un ideario y una formación que supusieron, antes y ahora, esfuerzos, sacrificios y logros por el progreso de este país, el bienestar del conjunto de la población y la protección pública de los más desfavorecidos.

Y será difícil porque quienes debían protagonizar la conquista de tales objetivos confundieron los fines con los medios y permitieron un descontrol del que se aprovecharon los más indignos de los avariciosos: los que roban a los pobres.

Hay que recordar que el caso de los ERE consistió en destinar una partida presupuestaria, dotada con más de 600 millones de euros en el curso de una década (2000-2009), para ayudar de manera rápida a empresas en crisis y prejubilar a los trabajadores despedidos.

Dado un paro endémico que generaba brotes de conflictividad laboral, los gobiernos socialistas buscaron la fórmula de conceder ayudas sociolaborales que contribuyeran a la “paz social”. Y para agilizar los trámites, resolvieron convertir las subvenciones excepcionales en transferencias de financiación, que prescindían de los controles de fiscalización por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Desde la Consejería de Empleo se tramitaban los expedientes y se aprobaban unas ayudas que eran abonadas por la Agencia pública IFA-IDEA. Abierto el grifo del dinero, fue tentador el uso arbitrario de estos recursos por parte de la Dirección General de Trabajo, que empezó a conceder ayudas a amigos o conocidos y negociaba ERE en empresas recomendadas y sin la debida supervisión.

Así durante años, hasta poderse constatar la existencia de 103 intrusos prejubilados, sin que pertenecieran a ninguna empresa socorrida, entre los más de 6.000 trabajadores correctamente prejubilados, el abono de sobrecomisiones a agencias de seguros intermediarias y la concesión de subvenciones a amigos y familiares del director de Empleo, como su chófer.

Para la jueza que instruyó el caso y, ahora, también para el tribunal que lo ha sentenciado, el sistema estaba conscientemente diseñado para eludir los controles legales establecidos, lo que facilitaba destinar recursos a fines ajenos al interés público. Es por ello que, según la sentencia, se incluían esas partidas de forma fraudulenta. Es decir, eran ilegales y todo el Gobierno lo sabía y lo consintió. De ahí las condenas.

Las responsabilidades políticas de los condenados ya fueron asumidas por todos ellos, de manera más o menos voluntaria, dimitiendo de sus cargos y dándose de baja de la militancia del partido, pero las penales son las que quedan ahora establecidas con el fallo, aunque probablemente serán recurridas ante el Tribunal Supremo y, por parte de algunos de los condenados, ante el Constitucional.

No todos se consideran culpables ni creen haber actuado en contra de la ley. Elaborar leyes presupuestarias, ratificarlas en el Consejo de Gobierno y aprobarlas en el Parlamento no constituye un mecanismo ilícito, sino conforme al procedimiento. Que, a partir de tales “hechos probados”, se deduzca intencionalidad penal resulta cuestionable si no se demuestra fehacientemente, como señala Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Puede admitirse como mera interpretación subjetiva, pero no como verdad judicial.

Sin embargo, a la hora de valorar la implicación de los expresidentes, la sentencia concluye que “es imposible que la inclusión de la partida presupuestaria de los ERE no se hiciera de forma fraudulenta”, pero no lo demuestra y, a pesar de ello, los condena. De ahí la probabilidad de recurso.

Sea como fuere el resultado final de estos recursos, causa bochorno la falta de celo de un Gobierno en controlar con el máximo rigor la concesión de unas ayudas públicas cuya utilidad y necesidad nadie pone en cuestión, y menos el Parlamento andaluz, que ha venido aprobándolas anualmente en la partida presupuestaria correspondiente.

Y, aunque la intención era loable como parte de los Pactos de Concertación Social, que firman patronal, sindicatos y Gobierno andaluz, la arbitrariedad y los abusos cometidos en su reparto han hecho un daño enorme en el prestigio de las instituciones y en la honradez y honestidad de sus responsables. Máxime cuando tales desbarajustes permitieron el desvío de fondos públicos a fines o personas para los que no estaban destinados.

Causa estupor tanta desidia y falta de vigilancia en el cumplimiento de unas normas que, por ello, resultaron discriminatorias e injustas para los que, en las mismas circunstancias, no pudieron conocerlas ni hacer uso de ellas para recibir unas ayudas a las que eran merecedores. Y aunque tal abuso de los recursos no sirvió para el enriquecimiento personal de los condenados, no deja de ser un ejercicio de corrupción que la Justicia, con esta sentencia, pone freno de forma contundente.

Pero, al mismo tiempo, causa asombro la desfachatez con la que, autoaupados a una tribuna ética que les queda demasiado alta, saltan a la palestra algunos personajes y adversarios políticos que enseguida se ponen a dar lecciones de moralidad y exigir responsabilidades que rayan la ofensa, partiendo de quienes pretenden parecer indignados.

Me refiero al actual presidente de la Junta de Andalucía, quien no aguardó ni un minuto, tras conocerse la sentencia, en proclamar en la sede del Gobierno su vergüenza por lo sucedido y poner a su Ejecutivo como modelo de “ruptura con los tiempos de la corrupción, la malversación, el despilfarro y el clientelismo”, en un intento partidista que busca réditos electorales.

Asombra esa desfachatez en alguien que representa a un partido condenado por corrupción, que mantiene numerosas causas abiertas por el caso Gürtel y que cuenta con diversos presidentes autonómicos que, bien están condenados, o bien imputados por innumerables escándalos de corrupción. No se trata de defender a unos con el “y tú más” de otros, sino denunciar la hipocresía interesada de quienes aprovechan cualquier circunstancia en beneficio partidista, sin mantener el debido decoro, imparcialidad y honestidad.

Es cierto que en la diatriba política se hace uso de todas las oportunidades y medios para derrotar al adversario y conseguir el triunfo –que consiste en llegar al poder– de la formación a la que se pertenece. Pero no todo vale. Y menos cuando se está manchado con la misma adherencia que se denuncia en el contrario. No solo es cuestión de ética, sino también de coherencia.

De ser consecuente con las exigencias en casos similares que nos afectan. Y tal actitud no es habitual en la política española, tanto en el PP, que ha salido en desbandada a exigir dimisiones y responsabilidades a quienes ni siquiera tienen que ver con este caso, como en el PSOE, que también hace lo propio cuando tiene ocasión.

Las más de 1.800 páginas de la sentencia del caso ERE constituyen el relato de la vergüenza que provoca un comportamiento que todos condenan. Causan bochorno en las personas honradas que confiaron en unos líderes y los mantuvieron durante décadas administrando los bienes de todos y los sueños de un futuro mejor. Son merecedores, por tanto, del castigo que, con todas las garantías procesales, la justicia les cause.

Políticamente, el PSOE está pagando por ello, al ver a la excúpula de la Junta condenada en los tribunales y al perder el Gobierno de Andalucía. Pero, al mismo tiempo, asquea la desfachatez de quienes no dudan en hacer leña el árbol caído, dando muestras de una hipocresía moral y política que los descalifica. Tal vez sea esa una de las virtudes de esta sentencia: desenmascara a unos y otros de la falsedad con la que se exhiben. Una vergüenza.

DANIEL GUERRERO

18 de noviembre de 2019

  • 18.11.19
Está comprobado que, dejadas a su libre albedrío, las empresas tienden a robustecerse y crecer, tienden a la concentración para acaparar mercados y aumentar beneficios. Es un fenómeno natural de simple evolución empresarial en un entorno mercantil de economía capitalista. Nada nuevo bajo el sol.



Sin embargo, también está comprobado la pertinencia de regular esa tendencia, a menos que se sea un talibán del neoliberalismo más salvaje –si se disculpa el pleonasmo–, mediante leyes “antitrust” que impidan la formación de auténticos monopolios que ahogan la libre competencia en bienes, servicios y precios.

De ahí el rechazo casi visceral de cualquier empresario a que su actividad sea regulada por el Estado, aunque tal regulación vaya en beneficio del propio mercado. Siempre andan clamando por una mayor “libertad” para desarrollar su tarea, sin intervenciones del Gobierno, y dejar a su conveniencia las condiciones y funcionamiento de los negocios. Es una tensión que viene de antiguo.

En España, la penúltima batalla “antitrust”, librada hasta hace unos días, ha enfrentado al duopolio televisivo formado por Atresmedia (propietaria de los canales Antena 3 y la Sexta, entre otros) y Mediaset (dueña de Cuatro y Telecinco, junto con otros más minoritarios) con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a causa de sus políticas comerciales de publicidad televisiva, mercado en el acaparan el 85 por ciento del negocio, a pesar de que su audiencia conjunta sólo sea del 55 por ciento.

El ente regulador les ha impuesto una sanción de más de 77 millones de euros, a pagar entre los dos operadores, por mantener prácticas anticompetitivas en la comercialización de la publicidad televisiva que restringen, de hecho, no solo la competencia y la capacidad de otros medios de comunicación para captar publicidad, sino que, además, imponen volúmenes de contratación mínimos de paquetes publicitarios que desvirtúan los precios.

Hay que indicar que ambas plataformas operan en España como un duopolio de facto, puesto que, de toda la oferta televisiva, son las únicas generalistas de ámbito estatal, ya que TVE, de carácter público, no emite anuncios en su programación, y el resto de emisoras (autonómicas, de titularidad pública, o canales privados, temáticos mediante cuota) no cubren tal espectro.

Evidentemente, estas empresas han anunciado que recurrirán en instancias judiciales tales sanciones, al considerarlas lesivas para su política comercial e injustas para un proceder que estiman no es monopolístico, sino ajustado a la legalidad vigente en el negocio publicitario. Es decir, se amparan en la sacrosanta libertad del mercado sin más regulación que la de la oferta y la demanda, y sin preocuparse de que, si la demanda la satisface un único ofertante –o dos, en este caso–, éste acaba imponiendo precios y condiciones a su entera conveniencia, sin mediar competencia alguna.

Eso es, justamente, lo que se dirime de las estrategias publicitarias de Atresmedia y Mediaset. Porque la concentración empresarial que ha dado lugar a esas dos plataformas ha propiciado un mapa audiovisual en España en el que solo sus marcas son predominantes, hasta el extremo de limitar toda competencia y acaparar la práctica totalidad del mercado publicitario televisivo.

Es, por tanto, el derecho de los ciudadanos a la pluralidad, y no solo la libertad de empresa, lo que exige la regulación de unos mercados, como el de la publicidad televisiva, que afectan a la libre competencia y hasta a la producción o adquisición de contenidos audiovisuales.

Al respecto, no hay que olvidar que la publicidad es la principal fuente de financiación de estos negocios audiovisuales. Y que, sin publicidad, no sería posible la libre competencia entre empresas televisivas, poderosísimos medios que influyen en la opinión pública y no solo en los hábitos de consumo. Tengámoslo en cuenta.

DANIEL GUERRERO

12 de noviembre de 2019

  • 12.11.19
Acabamos de repetir elecciones generales cuyos resultados mantienen parecida configuración parlamentaria de fragmentación entre minorías excluyentes, que queríamos resolver con éstas, lo que dificulta o impide la formación de Gobierno. Y van, este año, dos. Más las que llevamos desde 2015, puesto que ya son cuatro las veces que hemos ido a las urnas, sin contar las autonómicas y municipales, en los últimos cuatro años.



Tal parece que estamos condenados a continuar indefinidamente instalados, elección tras elección, en la inestabilidad y el bloqueo político en nuestro país. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Hasta la hartura de los ciudadanos y la ingobernabilidad? ¿Hasta el fin de la democracia?

Una vez más, empecinados en tropezar en la misma piedra, las elecciones de este domingo volvieron a resaltar que nuestros elegidos deben, por obligación, pactar y llegar a acuerdos entre ellos para formar un Gobierno que agote su mandato, olvidándose de preparar elecciones hasta dentro de cuatro años.

Los ciudadanos, por enésima vez, han vuelto a demostrar que tienen claro lo que desean, aunque los políticos no acaben de aceptar el veredicto de las urnas. Porque ya los votantes no contemplan aquellas mayorías absolutas que hacían y deshacían a su antojo. Ahora exigen contrapesos entre formaciones en el poder para que se vigilen mutuamente en el cumplimiento de sus promesas. Y una oposición igualmente diversa para que existan alternativas al discurso oficial y posibilidades, también distintas, de conformar mayorías parlamentarias.

A partir de ahora, lo que resta es que los representantes del pueblo cumplan con su trabajo y dejen de ponerse zancadillas para obstaculizarse con vetos e imposiciones sectarias, como si cada cual tuviera la razón y la receta milagrosa para arreglar de un plumazo los grandes problemas que tiene España. Es hora de ponerse a trabajar y gobernar este país. ¿Cuántas veces hay que ir a las urnas para que lo asuman?

Los resultados de esta repetición de las elecciones son elocuentes: todo sigue igual, salvo las sorpresas que ya vaticinaban las encuestas. El PSOE pierde tres escaños (120), Unidas Podemos también cede 7 escaños (35) y Ciudadanos se desploma estrepitosamente (de 57 a 10 diputados). El Partido Popular recupera 22 escaños (88) y Vox, el partido de ultraderecha, pasa a ser el gran vencedor, ganando nada menos que 28 escaños (52), convirtiéndose en tercera fuerza parlamentaria.

Con tales resultados, el Congreso continúa dividido en dos grandes bloques –y más fragmentado que antes–, ninguno de los cuales logra sumar la mayoría suficiente para gobernar. Es decir, volvemos a la posición de salida, en la que la intransigencia de unos y las exigencias de otros obstaculizaron los acuerdos para sumar los apoyos que posibiliten investir a un presidente de Gobierno, lo que motivó la repetición de elecciones. ¿Qué hacer ahora?

Lo que ha quedado claro es que, cuando se repiten unas elecciones, baja la participación de los ciudadanos y se produce un cierto castigo al partido gobernante (PSOE pierde dos diputados) y al causante que los votantes perciben como el responsable de la falta de acuerdo (Ciudadanos y Unidas Podemos).

¿Tomarán ahora todos ellos buena nota de esta lectura de los resultados que arrojan las urnas? Deberán hacerlo porque, por culpa de unos y otros, este domingo, más que un día aciago, fue un día electoralmente inútil para solventar lo que los políticos son incapaces de resolver: su propia incapacidad para consensuar pactos que hagan posible la gobernabilidad en España. Y ello es ya un imperativo ineludible para todos los que se han ganado un asiento en nuestras Cortes Generales.

DANIEL GUERRERO

5 de noviembre de 2019

  • 5.11.19
El combate y captura de los grandes dictadores y terroristas que han osado enfrentarse en los últimos decenios a Occidente es imparable y también drástico. Estados Unidos, como brazo justiciero, salda estas cuentas con la muerte fulminante del enemigo, sin confiar en juicio alguno ni otra condena que no sea la simple eliminación física del criminal capturado.



El último en caer en manos de este destino inexorable ha sido el líder del denominado Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, quien había proclamado, en 2014, el sangriento califato de ISIS (en sus siglas en inglés), alentando una rebelión en Siria e Irak que extendió el terror más allá de aquellas fronteras, mediante atentados indiscriminados en países europeos y de otros continentes.

Fuerzas especiales de Estados Unidos anunciaron su muerte como consecuencia de una operación militar desarrollada en el norte de Siria, donde se escondía y fue acorralado hasta acabar suicidándose, al verse sin salida, detonando un cinturón explosivo.

Para el presidente norteamericano, Donald Trump, “murió como un perro, como un cobarde”, como calificó su muerte en una intervención bochornosa, pero propia de un mandatario soez. Se trata del último capítulo, que no el final, de una política justiciera por parte de Estados Unidos, que parece preferir la “Ley del Talión” a la hora de ajustar cuentas con los perseguidos, grandes criminales que merecen pagar por sus crímenes, en vez de proceder a su captura y puesta a disposición de un Tribunal que los juzgue y condene con la máxima severidad, preservando, en la medida de lo posible, sus vidas, para no comportarnos igual de sanguinarios que ellos.

Es cierto que los sátrapas asesinos no se dejan atrapar tan fácilmente ni levantan los brazos para entregarse de manera pacífica. No obstante, esa oportunidad debería presidir todas las actuaciones encaminadas a su captura, en consonancia con la superioridad moral de la civilización occidental y los valores que la sustentan, como son el respeto de los Derechos Humanos y la integridad de toda vida humana.

Llama la atención que no se trata del primer caso de ejecución fulminante de un perseguido desde que comenzara esta especie de “guerra” sin cuartel contra el fanatismo yihadista que lideró Osama bin Laden, cuando creó Al Qaeda. Este personaje, de origen saudí, fue el primer terrorista en organizar ataques directamente en suelo de Estados Unidos, que se saldaron con el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, el 11 de septiembre de 2001, en el que murieron miles de personas inocentes.

Fue entonces cuando Estados Unidos asumió que el fenómeno yihadista suponía un enfrentamiento abierto que debería saldarse con la eliminación física de los líderes terroristas. Diez años estuvo Estados Unidos persiguiendo al fundador de Al Qaeda hasta que, en mayo de 2011, pudo abatirlo en su refugio de Pakistan mediante una operación especial de los Seal, unidades de élite del Ejército.

Tras matarlo y tomar muestras de identificación, arrojó su cuerpo desde un portaviones al mar, sin dejar constancia documental que corrobore estos hechos. Es otro ejemplo de esa Justicia drástica que Occidente está aplicando contra sus enemigos más peligrosos y detestables.

Ya anteriormente, en 2003, el Gobierno de George W. Bush había declarado la guerra a Irak, aunque no tuviera nada que ver con el ataque a las Torres Gemelas, y sus soldados capturaron a Saddam Hussein, el dictador que gobernó aquel país durante 24 años, de 1979 a 2003, en un zulo cerca de Tikrit, su ciudad natal.

Una coalición militar en la que participó España, liderada por Estados Unidos y sin respaldo legal de la ONU, invadió el país árabe con la excusa de que poseía “armas de destrucción masiva” que jamás fueron halladas, hasta la fecha.

Pero aquella vez se pudo coger vivo al prófugo, que fue entregado a un gobierno provisional para que un tribunal iraquí, ambos controlados por Estados Unidos, lo encontrara culpable de “crímenes de lesa humanidad” y lo condenara a muerte. Fue ahorcado en diciembre de 2006. Así, al menos, el dictador tuvo un simulacro de Justicia y las imágenes de su ejecución fueron difundidas en todo el mundo a modo de advertencia: quien la hace, la paga.

Sin embargo, más cruenta y sádica fue la suerte que corrió Muamar el Gadafi, otro déspota que había estado gobernando Libia durante 42 años hasta que unas revueltas, patrocinadas por Estados Unidos, acabaron con su régimen y grupos armados rebeldes, apoyados por la OTAN, lograron derrocarlo, apresarlo en su huida y asesinarlo de la manera más despiadada inimaginable.

Gadafi era un dictador con ensoñaciones de un imperialismo socialista, a semejanza del panarabismo de Nasser, que no dudó en patrocinar, entrenar y armar grupos terroristas de medio mundo, por lo que era cómplice de muchos atentados que sesgaron la vida de centenares de occidentales. Su captura y castigo eran merecidos, pero sin el salvajismo con que fue realizado.

Todos estos ejemplos de “justicia del talión” sirven para evidenciar una característica común: que el fin justifica los medios y que la venganza puede nublar las razones de hacer justicia ante hechos execrables que deben ser castigados. Pero de otro modo.

No defiendo a los asesinos, pero si nuestra propia defensa y nuestra justicia se ejecutan como hacen ellos, asesinando sin más, escasas razones encontraremos para justificar una justicia que se guía por el “ojo por ojo” y aplica aquello de “quien a hiero mata, a hierro muere”.

Tal vez sea el único método eficaz de actuar contra unos criminales que no están dispuestos a dejar de matar, pero no resulta consecuente con unos valores cívicos y morales que decimos encarnar, ni tampoco resuelve el terrible problema del terrorismo, puesto que alimenta el odio de un fanatismo que continuará buscando sucesores que lideren sus acciones terroristas.

Ni los centros de internamiento y torturas, como el de Guantánamo, ni las ejecuciones sumarísimas mediante operaciones militares consiguen cambiar unas mentes fanatizadas que declaran su enemistad asesina a Occidente. Sino que serán la ley, el respeto a los Derechos Humanos y la supremacía moral de nuestras democracias los que acabarán por derrotarlos, al demostrarles la equivocación e inutilidad de sus conductas y los prejuicios con que perciben una sociedad occidental que sólo persigue ser justa, plural, tolerante y pacífica, también en su relación con la sociedad islámica, con la que desea convivir en paz, mutuo respeto y en enriquecedor intercambio cultural.

La verdad es que ignoro cómo podríamos defendernos, capturar y juzgar a estos déspotas asesinos sin renunciar a nuestros principios, pero lo que sí sé es que sólo con la ley del talión y una justicia de aniquilamiento sin garantías judiciales no se podrá acabar con el fenómeno del terrorismo yihadista. Ni ningún terrorismo.

A lo mejor es que será cierto lo que decía Hobbes sobre que la concordia entre los hombres es artificial, puesto que estamos más inclinados al dominio que a la sociedad. Y por eso estamos en una guerra patente o latente de todos contra todos. Poco habríamos avanzado, si fuera así, desde entonces.

DANIEL GUERRERO

29 de octubre de 2019

  • 29.10.19
Las llamas del descontento parecen propagarse por toda Sudamérica. Cuando no es Venezuela, es Ecuador, Argentina o Chile, entre otros países, donde la ira popular, con más o menos virulencia, se manifiesta en las calles en contra de medidas o situaciones con las que los ciudadanos acaban perdiendo la paciencia.



Tampoco es que la región haya sido históricamente un remanso democrático y tranquilo, sino el escenario en el que se ha ensayado toda clase de revoluciones y dictaduras con las que las potencias de cada época –desde los antiguos colonizadores hasta la actual superpotencia del Norte– han pretendido manejar sus destinos y proteger intereses geopolíticos.

Una historia que todavía supura por heridas abiertas sin cicatrizar, como forzosa contribución al enriquecimiento de los explotadores. Y cuyas consecuencias aún perduran e influyen, de distintas maneras, en la atormentada realidad de cada uno de los países de América Latina.

Tanto es así que las revueltas que se suceden por gran parte del subcontinente no hacen más que poner de relieve un malestar que viene de antiguo y que no deja de crecer por los insoportables problemas del presente, hasta colmar la paciencia del oprimido más resignado con su condición.

El último conflicto en unirse al estallido popular en Sudamérica ha sido en Chile, provocando un terremoto social de consecuencias impredecibles. Se trata de un estallido súbito, como una explosión de hartazgo, debido a la subida de precio del billete de metro.

Un Gobierno que se dice democrático ordenó a la Policía reprimir las manifestaciones, desencadenando una espiral de acción-represión que ya ha causado más de una decena de muertos y centenares de personas detenidas, sin que el descontento popular se calmase. Y lo más curioso: sin que ningún partido dirija un rechazo que comenzó siendo una espontánea protesta estudiantil.

Sin embargo, ha servido de válvula de escape para desahogar la ira contenida de un pueblo que sufre desigualdad por unas políticas neoliberales hasta extremos inaguantables. De hecho, Chile es, hoy, uno de los diez países con más desigualdad del mundo, según el Banco Mundial, por culpa de un modelo económico que prima la privatización de los servicios básicos, la austeridad severa en el gasto social y la inversión centrada en sectores productivos rentables.

Se trata de la clásica receta neoliberal que ha permitido cierto crecimiento económico, pero que olvida a los más necesitados, a los que conduce a niveles de vida precarios, sin que por ello haya podido contener el altísimo endeudamiento del país. Una situación que ha generado tal injusticia social que los ciudadanos ya no la toleran. Y se han echado a la calle.

En Ecuador ha sucedido algo similar con la eliminación de la subvención del combustible, decretada por el presidente Lenin Moreno, que condenaba a los afectados, más de 300.000 ecuatorianos, a la pobreza. El encarecimiento del combustible suponía, además, por su impacto directo, el aumento en más de un 100 por ciento del precio de bienes y servicios, y más de un 30 por ciento en el de la gasolina.

Los más oprimidos no lo dudaron y, durante unas semanas, ocuparon calles, rodearon instituciones, obligaron al presidente a abandonar la capital del país, hasta que finalmente, después de graves enfrentamientos con muertos incluidos, consiguieron que se anulara el decreto y se mantuviera el subsidio al combustible. Una vez más, fueron políticas neoliberales y la desigualdad social las que generaron unas revueltas populares, tras décadas de injusticia y opresión.

También en Bolivia las protestas generalizadas han hecho acto de presencia, no por causa de medidas económicas, sino por el despotismo con que el actual presidente, Evo Morales, pretende eternizarse en el poder, tras unas elecciones a las que no debía presentarse y cuyos resultados causan recelo dentro y fuera del país.

Evo Morales había podido concurrir a estos comicios, los cuartos tras una década en el poder, gracias a una interpretación benigna del Tribunal Constitucional y del Supremo Electoral (TSE), a pesar de haber perdido un referéndum sobre la reelección indefinida, en 2016. Dudas en el recuento de votos, del que el TSE suspendió la publicación de resultados, provocando la dimisión del vicepresidente de este organismo, han desatado las alarmas y la movilización de la gente.

Una oleada de protestas ha recorrido el país y no han cesado las movilizaciones multitudinarias en las grandes ciudades para criticar al Gobierno. Y es que, aunque Morales haya sido el primer presidente indígena de Bolivia y sus promesas fueran de más democracia y mejor redistribución de la riqueza, ha terminado cansando a la ciudadanía por sus golpes de autoritarismo (ignoró la voluntad de sus electores en el referéndum sobre su perpetuación en el poder) y por el agotamiento de un ciclo económico que barrunta la reaparición de la recesión.

Es lo que tienen los líderes providenciales: se creen insustituibles y acaban convirtiéndose en represores de su pueblo, como Daniel Ortega en Nicaragua y tantos otros. Lo cierto es que la población ya no tolera ni el colonialismo ni la autocracia, porque aspira a la libertad y la justicia para construir sociedades en las que reinen la igualdad, la tolerancia y la prosperidad, en pacífica convivencia.

Estas elecciones, como las próximas de Argentina y Uruguay, marcadas por las tendencias, si no de fraude, sí de una opacidad que es reacia al control externo de su transparencia, evidencian unas democracias defectuosas, según la clasificación de The Economist Intelligence Unit, que son resultado de una evolución histórica plagada de colonialismo, regímenes autoritarios y opresión por parte de propios y foráneos.

Este devenir histórico convierte la desigualdad social en la mecha que hace estallar el conflicto y el descontento en unos países que, a pesar de haber conquistado la independencia, siguen siendo dependientes de un capitalismo mercantilista que dicta las normas e impone las condiciones, sea quien sea el que gobierne.

Los explotadores, que controlan el sistema financiero, los medios de transporte y fletes, la capacidad industrial y de valor añadido, y los mercados últimos, arrebatan las materias primas y las riquezas de América Latina, sin importarles las condiciones de vida de su población. Y, claro, estos países estallan en rebeldía e ira a la menor vuelta de tuerca, hartos de tanta opresión y pobreza.

Entre líderes providenciales que se convierten en caciques autoritarios y un sistema económico que agudiza la pobreza y concentra la riqueza en manos de los explotadores de siempre, a la gente sólo le queda el recurso de unas revueltas que se extienden por todo el subcontinente americano, donde el subdesarrollo y la desigualdad son el estigma imperecedero del viejo colonialismo, esta vez económico.

DANIEL GUERRERO

22 de octubre de 2019

  • 22.10.19
El otoño siempre ha sido la estación en la que se reinicia la actividad cotidiana del año (laboral, política, educativa...) después de la inevitable interrupción del verano y las vacaciones. Ese inicio de la actividad podía ser en calma o en tensión. De ahí que, por la gravedad de los asuntos a los que hacer frente, haya prosperado la expresión “otoño caliente” cuando la conflictividad era lo más destacado en tales problemas.



Pero este año, más que caliente, el otoño se pronostica hirviente, puesto que parece hervir por la ebullición de una problemática diversa y compleja que amenaza con empeorar si no se atiende como exigen los afectados. Y es que el curso que arranca en otoño presenta problemas de tal magnitud que bien podrían desestabilizar aún más la situación política y fracturar la convivencia pacífica en España.

El más inquietante de los problemas de este otoño es, sin duda, el de las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los políticos catalanes encausados, condenados a penas de cárcel e inhabilitación de hasta 13 años.

Los partidos políticos soberanistas, el Gobierno de la Generalitat, organizaciones civiles afines y los partidarios de la independencia venían esperando el fallo y estaban preparados para organizar una respuesta tumultuosa en las calles que, mediante manifestaciones, bloqueos de infraestructuras y servicios públicos, enfrentamientos con las fuerzas del orden y algarabías de diverso grado, pudiera interpretarse, por su extensión e intensidad, como expresión de rechazo del conjunto de la población de Cataluña.

Como alumnos aventajados de los noticiarios, sus organizadores –una anónima plataforma que se oculta bajo el nombre de “tsunami democrático”– intentaron emular a los manifestantes de Hong Kong y paralizar el aeropuerto de Barcelona, cosa que consiguieron durante unas horas el primer día de protesta.

También pretendieron imitar la violencia vandálica protagonizada por los “chalecos amarillos” que arrasaron la capital y otras ciudades de Francia hace unos meses, destruyendo escaparates, provocando fuegos, lanzando piedras, vallas y botellas con ácido a los policías, etc. La verdad es que lo tenían fácil porque ejemplos a copiar no faltaban.

Sin embargo, la gravedad de estos hechos no radica en las manifestaciones ciudadanas –derecho consagrado en la Constitución–, sino en la actitud ambigua del Govern por alentar (“apretad”, pedía el presidente Torra a los comandos de los CDR)) este tipo de comportamientos que tienden a descontrolarse y desembocar en delitos y atentados contra la seguridad ciudadana, mientras al mismo tiempo ese Govern es responsable de mantener el orden y la convivencia en la Comunidad, además de garantizar el respeto y el cumplimiento de las leyes.

Con semejante actitud contradictoria, será prácticamente imposible llegar a un entendimiento que permita encauzar el conflicto catalán por vías políticas y de diálogo, que precisan de la mutua confianza y de la lealtad institucional entre ambas Administraciones del Estado.

No hay duda de que la configuración territorial del Estado va a estar sometida, este otoño, a fuerzas antagónicas que, por un lado, ejercen una presión centrífuga que conlleva el riesgo de desprendimiento de una parte del mismo, y, por otro, una presión centrípeta que tiende hacia desnaturalización de las autonomías y a la recentralización.

Dependiendo de cómo se aborde el conflicto catalán, el otoño hervirá por la colisión entre ambas fuerzas con inaudita virulencia política y social. Ya los radicales se encargan de encender el fuego, metafórica y literalmente hablando.

Además, por si fuera poco, un Gobierno central en funciones, después de años de inestabilidad, vuelve a confiar en la repetición electoral para que los ciudadanos decidan lo que los elegidos en abril no pudieron, no supieron o no quisieron acordar: pactar la constitución de un Ejecutivo en torno a la minoría parlamentaria mayoritaria. Nos hallamos, así, con un Gobierno que, este otoño, estará más atento a asegurarse su continuidad en el poder que en solucionar ningún problema.

Y sin Gobierno, sin Presupuestos y sin planes a medio y largo plazo, la coyuntura política es la idónea para que este otoño endemoniado arda con la gasolina de la confrontación partidista, la parálisis institucional, la división social y la inacción ante conflictos de todo signo que no son o no pueden ser atendidos.

Se trata, justamente, de la situación más favorable para que los populismos de derecha e izquierda emerjan con sus promesas fáciles y simples que todo lo solucionan, aprovechándose del “cabreo” de la gente con unos políticos que se muestran ineficaces ante los grandes retos, también ante los pequeños obstáculos, a los que debemos enfrentarnos, como son la migración, el empleo, la seguridad, la educación, las infraestructuras, la pobreza y hasta las pensiones o un feminicidio que no cesa.

Nada parece rebajar la temperatura porque, en vez de contribuir a la calma, el propio Gobierno y la crispación política son comburentes del fuego que hace hervir a este otoño con más intensidad que nunca. Unos partidos enfrascados en una confrontación estéril, que no dudan en utilizar los problemas para desacreditar al adversario, y un Gobierno provisional, sin capacidad para afrontar con eficacia ningún asunto que no sea de ordinaria y burocrática resolución, son los responsables en buena medida de la conflictividad ardiente que se pronostica para el otoño.

Incluso los pensionistas, que han emprendido desde los cuatro puntos cardinales del país una marcha hasta Madrid para exigir a todo pulmón, ante el Congreso de la nación, la seguridad de unas pensiones dignas, van a alimentar las llamas que harán arder este otoño preñado de problemas.

Llevan años reclamando que se les restituya el derecho a recibir las pensiones por las que han cotizado durante toda su vida laboral. Y por que no se les utilice como apuntes contables que sirven para cuadrar las cuentas del Estado, ni se les utilice como datos demográficos de fácil seducción electoralista.

Su grito en defensa de las pensiones, gobierne quien gobierne, surge del hartazgo de sentirse siempre manipulados por Ejecutivos de todo color, y de ver cómo sus pensiones, en vez mantener su poder adquisitivo, menguan cada año, con cada gobierno y con cada problema de la economía que los administradores políticos no han sabido prever ni solventar sin echar mano de la “hucha” de las pensiones y otras partidas del gasto social. Se manifiestan, gritan y contribuyen a hacer hervir este otoño con toda la razón del mundo. Y porque no consienten que se les arrebate su dignidad, aunque estén a punto de morirse.

Es enervante que la política se entretenga en mirarse el ombligo mientras el país sufre las consecuencias. Un país en el que un 26,1 por ciento de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, más de 12 millones de personas en España no disponen de los mínimos de renta necesarios, ni trabajos estables o justamente remunerados, ni posibilidad de acceso a bienes materiales o servicios, como la calefacción, que indican los riesgos de padecer pobreza o exclusión, según un reciente informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza con datos de 2018.

Tales indicadores miden la magnitud escalofriante de una condición que se suele confundir con la indigencia y, sin embargo, está instalada en la mayoría de las ocasiones en hogares aparentemente normales, en los que el trabajo precario o el desempleo, la desestructuración familiar o familias monoparentales, la discapacidad o el cuidado de alguno de sus miembros y hasta la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler, materializan los múltiples rostros de la pobreza.

Personas privadas de recursos o excluidos de la sociedad por culpa de una crisis económica que ha ahondado las desigualdades y ha eliminado las posibilidades de prosperar y huir de las garras del infortunio. Por mucho que las soflamas gubernamentales se vanaglorien de haber superado la crisis económica, lo cierto es que los datos del INE y Eurostat colocan a nuestro país entre los países peor situados de la UE en cuanto al número de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión.

Mientras unos y otros se enfrentan por cuestiones de identidad y privilegios, se desgañitan por poltronas y prebendas, una cuarta parte de la población lucha por tener una vida digna, libre del azote de las privaciones, sin que nadie se manifieste por ella ni haga uso de la violencia para obligar a socorrerla. A pesar de todos los problemas que nos acucian, este otoño no hervirá por los realmente necesitados, cuando debería ser el principal motivo para coger la antorcha.

DANIEL GUERRERO

15 de octubre de 2019

  • 15.10.19
¿Qué hay en común entre Franco, Trump, el procés y el Brexit? Pues que son asuntos que acaparan nuestra atención en un momento especialmente decisivo, cual es la repetición de elecciones generales en nuestro país. Son tantas las incertidumbres que penden sobre nuestro voto que el resultado de las urnas será inevitablemente insatisfactorio, en el sentido de que no contentará a nadie y volverá a estar abierto a cuantas interpretaciones se le quiera dar, dependiendo del prisma particular con el que se enfoque.



Por un lado está la exhumación del dictador Francisco Franco, una anomalía política y una deuda ética que debían resolverse pese a que los franquistas las consideren una profanación. Añádanse a este ambiente preelectoral las provocaciones del ínclito Donald Trump, el presidente más imprevisible, visceral y mentiroso de la historia de Estados Unidos, capaz de hundir la economía de cualquier país, como el nuestro, mediante un exabrupto escrito en su cuenta de Twitter con el que impone aranceles a las importaciones que se le antojen, y de traicionar a sus aliados en guerras periféricas a causa de un cambio repentino en su estado de ánimo.

Por si fuera poco, el caótico Brexit por el que Inglaterra pretende abandonar la Unión Europea (UE), ya sin apenas tiempo para hacerlo de manera ordenada y pendiente únicamente de una prórroga, que el premier británico se niega solicitar, que evite un descortés portazo por parte de un socio que nunca estuvo contento de su pertenencia al club.

Todos estos asuntos, entre otros muchos, son aristas de una realidad, tanto nacional como internacional, que nos afectan de pleno e influyen a la hora de elegir, por segunda vez este año, un Gobierno en España que haga frente a una coyuntura compleja y entrelazada, sin que nos ocasione “daños colaterales”.

En medio de todo ello, explosiona la sentencia del procés, como traca final que llena de ruido un escenario de incertidumbres, justamente antes de ir a las urnas. Por tanto, no resulta exagerado decir que, en esta ocasión, con la papeleta del voto nos jugamos nuestro futuro en una partida de carambolas a varias bandas. Y toca tirar.

Por lo pronto, ya hay dos hechos en vías de solución: Franco acabará en el cementerio de El Pardo, como corresponde a los que fallecen en ese municipio, y los autores del desafío catalán de otoño de 2017, cuando celebraron un referendo ilegal y proclamaron fugazmente una república, acaban de ser condenados en plazo y forma, tras un escrupuloso procedimiento judicial del que, guste más o menos, no puede decirse que haya sido arbitrario ni que obviara las garantías y derechos de los imputados, conforme se espera de la Justicia en un Estado de Derecho.

Ambos asuntos, ya solventados, tendrán no escasa influencia en la orientación de nuestro voto, y así procurarán recordárnoslo los partidos en liza electoral, bien para echárnoslo en cara, bien para atraer nuestra confianza. Porque, que Franco descanse definitivamente en una sepultura privada, será valorado de oportunismo por toda la oposición, al objetar de electoralista una medida que el Gobierno en funciones ha concluido precisamente en el momento actual, y no se reconocerá que se trata de una iniciativa que venía de antaño, precedida de un acuerdo parlamentario, una decisión gubernamental, unos recursos judiciales y, a la postre, un resultado final que solo podía ser el de la exhumación: sacar los restos del dictador de un mausoleo público en el que era enaltecido para que reposen en una tumba privada y exclusivamente familiar.

Pero también, no por esperada menos trascendente, la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a los inculpados catalanes por delitos de sedición a penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, provocará la visceralidad acostumbrada en las calles de minoritarios pero ruidosos sectores soberanistas de la política y sociedad catalanas, y también la insatisfacción de quienes esperaban castigos todavía mayores, como los que se reservan para los delitos de rebelión, que exige el uso expreso de la violencia para quebrantar la Constitución.

Los políticos catalanes encausados han sido condenados después de un proceso judicial ejemplarmente desarrollado, que ha fallado una sentencia firmada por unanimidad del Tribunal, en un caso que ha supuesto el mayor desafío a nuestro sistema constitucional y a la legalidad democrática que de él aflora.

De unos y de otros, los que toman la sentencia como una “venganza” como los que la consideran demasiado “benigna”, se espera simplemente que la acaten y pasen página, sin perjuicio de que los condenados dispongan de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y otras instancias europeas. Y que todos comprendan que la primera exigencia de la democracia es el respeto a ley, puesto que sin la una no es posible la otra, y viceversa.

Algo que deberán asumir los condenados y sus partidarios a la hora de perseguir o propugnar objetivos políticos por vías que quiebran el ordenamiento legal de nuestro país. A partir de esta sentencia, los políticos y colectivos independentistas de Cataluña –o de cualquier otra región– podrán legítimamente luchar por sus ideales de manera libre, pero con respeto a la legalidad constitucional. Es lo que diferencia a un demócrata de un subversivo radical en cualquier país democrático.

No obstante, no se puede descartar que esta sentencia sea utilizada como munición electoralista por las formaciones que se enfrentan en los próximos comicios. Y no deberían hacerlo porque, entre otros motivos, ni el Gobierno del Partido Popular ni el del PSOE, ambos partidos con responsabilidad en este conflicto, han hecho dejación de sus funciones.

Por el contrario, han defendido desde sus respectivas posiciones la Constitución y las leyes, en la medida y la fuerza en que han creído oportunas, ya sea intentando dialogar o aplicando la suspensión de una autonomía. Es decir, ni Sánchez (presidente en funciones) es un traidor anticonstitucionalista por explorar vías de diálogo, ni Rajoy (anterior presidente) era un autoritario centralista por aplicar el Artículo 155 en Cataluña.

Han actuado conforme a prerrogativas establecidas, aunque no hayan acertado en cada una de sus decisiones. Los adalides de la legalidad deberán confrontar otros asuntos y dejar el conflicto soberanista donde la Justicia lo ha ubicado. Habrán de ser otros, por tanto, los temas que deberían centrar el debate en las inminentes elecciones generales.

Incluso el Brexit, que podría depararnos sorpresas desagradables a nivel económico, pero también político (no olvidemos que mantenemos frontera directa con una colonia inglesa), debería inferir en el sentido de nuestro voto el próximo 10 de noviembre. El turismo, los intercambios comerciales y los nacionales residentes en Reino Unido son aspectos de la cuestión que nos preocupan, de igual modo que la sinceridad europeísta de nuestro país con el proyecto común al que nos unimos recién restaurada la democracia en España.

Es verdad que existen formaciones, afortunadamente residuales, que abogan por un aislacionismo populista, al estilo de Trump y su ideólogo Bannon, y por la unilateralidad en las relaciones entre los Estados, como fórmula mágica que resolvería todos nuestros problemas, sean migratorios como comerciales, incluyendo en el mismo saco las tensiones territoriales, la “ideología” feminista y ese “progresismo” intolerable que relativiza la “buena” moral de la sociedad.

Solos no se está mejor que unidos, por mucho que Inglaterra pregone lo contrario. La UE en es un competidor formidable que puede hacer frente, gracias a la fuerza de su conjunto, a las amenazas y retos no sólo de EE UU, sino de la irreversible globalización de la economía y el mercado.

Y los valores que Europa representa, que descansan en la libertad, la democracia, los Derechos Humanos, la igualdad y la solidaridad, y que hacen de esta parte del mundo el mejor sitio para vivir, no pueden ponerse en cuestión en la disputa electoral del próximo 10 de noviembre, aunque apelen a nuestras emociones con “cantos” de sirena a la seguridad, nuestra identidad y a los miedos que nos insuflan con falsas alarmas catastrofistas. Son otras, nuevamente, las cuestiones que deberían decidir nuestro voto.

Por consiguiente, no es Trump, ni el Brexit, ni el procés, ni Franco lo que nos debe mover al colegio electoral para cumplir con nuestro deber democrático de elegir a nuestros gobernantes, sino las propuestas que nos ofrezcan credibilidad sobre el futuro inmediato de nuestro país, las iniciativas para fomentar el empleo de calidad y en cantidad, las ideas para recuperar una enseñanza rigurosa y sin sectarismos ideológicos que permita a nuestros hijos estar mejor preparados en un mundo sin fronteras y competitivo, los anuncios viables de estabilidad y seguridad del sistema público de pensiones, las garantías de una sanidad acorde con los avances de la medicina al servicio de toda la población, el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar y sus sistemas de protección a los más desfavorecidos, la reordenación de las ciudades para hacerlas más humanas y seguras, la protección del medioambiente y la sostenibilidad de nuestros procesos industriales, y la progresiva ampliación de derechos y libertades que haga más justa, equitativa, igualitaria y plural a nuestra sociedad y nuestro modelo de convivencia.

Estas cuestiones, por señalar algunas, han de constituir las preocupaciones que nos impulsen a depositar nuestra confianza en los partidos que merezcan nuestro voto en las próximas elecciones, y nos hagan desconfiar de quienes intentan atraernos con los Franco, Trump, el Brexit y el procés de sus propagandas. Ya no han engañado muchas veces.

DANIEL GUERRERO

8 de octubre de 2019

  • 8.10.19
Entre la libertad de expresión y el respeto a una creencia religiosa, por muy ofendida que se sienta, debe prevalecer el derecho que garantiza la primera. La delicada sensibilidad que muestran los que son libres de creer en lo que quieran no puede coartar, como si gozaran de una virtud privilegiada, la libertad de expresión que la Constitución reconoce a todos los españoles, profesen o no un credo, ni brindar una protección especial que prevalezca sobre el ejercicio de cualquier otro derecho, como el de opinión o la libre expresión.



Es lo que se espera del juicio, que hace unos días ha quedado visto para sentencia, al que se han enfrentado tres activistas que participaron en la “procesión del coño insumiso”, celebrada el 1 de mayo de 2014 en Sevilla, en la que pasearon en andas una enorme vagina de plástico como si fuera el paso de una Virgen, con objeto de denunciar la precariedad laboral que sufre la mujer y en un momento en que el Gobierno pretendía recuperar una ley del aborto más restringida.

Independientemente del objeto y contexto de la manifestación, cualquier referencia o simulación de prácticas o rituales religiosos no constituye, por sí mismo, una burla, escarnio o mofa de los sentimientos religiosos, puesto que ningún credo ni sus fieles disponen de la exclusividad de expresar públicamente, a través de procesiones que portan imágenes y objetos o en reuniones y actos también de carácter público, su particular adhesión o compromiso con lo que Kierkegaard definía por su irracionalidad, es decir, con creencias que contradicen las evidencias y la razón, como es la fe, toda fe.

Ni por ello, por muy libres que sean para abrazar el credo que elijan, exigir de la sociedad el privilegio exclusivo de que su fe y sus modelos de vida y moral sean aceptados en la esfera pública como si de verdades absolutas e irrefutables se trataran, arrogándose el respeto de una intocabilidad que los blinda de toda crítica o cuestionamiento, cosa que no se concibe con las “verdades” de la ciencia, siempre expuestas a revisión.

Es por ello que cabe confiar, sobre todo en un Estado garantista de derechos y supuestamente aconfesional, en una sentencia que absuelva a las procesadas. Y no sólo por resolver la aparente colisión de derechos fundamentales a favor del de mayor preponderancia social y más profunda raíz democrática, como el de libertad de expresión ante supuestas ofensas de subjetivos sentimientos religiosos, sino también para aclarar jurídicamente la errónea consideración de que, por el mero hecho de creer en afirmaciones sobrenaturales o ancestrales supersticiones, se disfruta del privilegio de ser “intocable o incuestionable”.

Flaco favor harían los creyentes a su creencia si apelan a que ésta deba de ser protegida por subterfugios legales –una intromisión de la iglesia en el Código Penal– más que por el convencimiento o la solidez que la fe debería proporcionar al devoto.

Una especial protección ante la crítica que no reclama ninguna otra institución social, como los partidos políticos, los sindicatos, las ONG o cualesquiera asociaciones culturales, artísticas, deportivas, económicas, etc., que se expresan en el ámbito público. Únicamente las religiosas exigen –y hasta ahora consiguen– el blindaje legal ante la sátira o el cuestionamiento.

Los integrantes de una comunidad de intereses religiosos, como en puridad son los creyentes católicos, están acostumbrados a disfrutar de indulgencia pública, de dinero público, de prerrogativas para el adoctrinamiento –colegios religiosos, asignatura religiosa evaluable– y de respaldo legal para que sus creencias se consideren preeminentes e indiscutibles en la sociedad.

Y por el arraigo que confiere tanto apoyo estatal, no toleran que se les trate como a cualquiera que afirme su convencimiento absoluto en hadas, duendes y seres sobrenaturales, algo muy respetable a nivel privado, pero expuesto a crítica, sátira o divertimento a nivel público, sin que ello suponga ninguna ofensa de los sentimientos, sino libertad de expresión.

Por tanto, la única sentencia posible de un juicio que no debía haberse producido es la de la absolución de las imputadas. No hicieron otra cosa que exhibir públicamente –como hacen los creyentes continuamente sin que los no creyentes se consideren ofendidos– lo más íntimo de la mujer para exigir el respeto que merece la dignidad la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el religioso, donde, por cierto, se relega a la mujer a un papel subalterno y servil en una iglesia cuya jerarquía, aunque vista faldones, es radicalmente patriarcal y misógina. Como para no mofarse de las supersticiones.

DANIEL GUERRERO

1 de octubre de 2019

  • 1.10.19
Estaba pendiente el último trámite judicial y ya se ha resuelto. El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la decisión del Gobierno de sacar los restos del dictador Francisco Franco de su cripta de la basílica del Valle de los Caídos para su inhumación en el cementerio de la localidad madrileña de El Pardo-Mingorrubio, donde la hija del dictador compró una sepultura.



Exhumar a Franco era la iniciativa más simbólica del Gobierno socialista de Pedro Sánchez que, debido a los recursos interpuestos por los familiares del líder fascista, no se había podido llevar a cabo con la celeridad que el Ejecutivo pretendía.

Ahora, tras el aval del Supremo, solo resta completar los trámites y aprobar en Consejo de Ministros el traslado definitivo de la momia de Franco al sitio que le corresponde, si la autoridad eclesiástica permite el acceso a la basílica de Cuelgamuros para la exhumación.

Aunque el cura Santiago Carrera, prior de la basílica –un lugar público que se financia con dinero público–, se niega a conceder tal permiso, sus superiores en el Vaticano han asegurado que mantienen su postura de no oponerse, si el fallo de la Justicia, como es el caso, avala la exhumación.

La aparente “neutralidad” del Vaticano tiene por objeto evitar que la momia del dictador sea inhumada en la cripta de la catedral de la Almudena, única opción que contemplaba la familia Franco, y convertir al templo del centro de Madrid en un santuario para la exaltación del único líder fascista de Europa enterrado en una catedral.

La familia del dictador, liderada por el abogado Luis Felipe Utrera Molina –hijo de un ministro falangista de la dictadura–, procura por todos los medios (piensa seguir recurriendo sentencias) que los restos de Franco continúen vinculados a una Iglesia que, en vida, lo paseaba bajo palio como forma de preservar la "dignidad" del personaje.

Un personaje, no hay que olvidarlo, que lideró un levantamiento militar contra el Gobierno legítimo de la República e inició una guerra civil para instaurar una dictadura en España que, no solo prohibió derechos y libertades hoy afortunadamente recuperados, sino que asesinó sin juicio previo o tras juicios sumarísimos a centenares de miles de españoles inocentes, acusados de haber sido leales a la República, albergar ideales izquierdistas y progresistas o, simplemente, no manifestar con la debida convicción su adhesión inquebrantable al “Movimiento Nacional” que impuso Francisco Franco.

Ahora, pues, España recobra la moral y la normalidad democráticas de situar en su sitio –como hizo Alemania con Hitler, Italia con Mussolini, Argentina con Videla o Chile con Pinochet– a aquellos personajes que protagonizaron las páginas más negras de su historia. Y no es revanchismo, como acusa la ultraderecha, sino ser consecuentes con la veracidad histórica.

DANIEL GUERRERO

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